La educación desvertebrada

Se inicia un nuevo curso escolar, el 2016-2017, y lo hace atrapado en los mismos dilemas e incógnitas que despidieron al anterior. La LOMCE y el “Pacto educativo” son sus principales claves interpretativas. Estamos en un momento político inédito. El rechazo de la candidatura de Mariano Rajoy a presidente del Gobierno por parte de la mayoría de la Cámara a finales de agosto, prorroga la situación de interinidad política en la que vive España desde la disolución de las Cortes en octubre del año pasado. Por el camino, dos procesos electorales y la hipótesis nada desdeñable de un tercero a final de año. Sin Gobierno, la actual ley educativa prosigue el calendario de aplicación acercándose ya a su término con las polémicas evaluaciones finales de Secundaria y de Bachillerato, uno de los centros neurálgicos de la reforma de Wert.

Mucho se está escribiendo sobre la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos o pactos con los que traducir en un programa de gobierno la voluntad que, en seis meses, los españoles han expresado por dos veces en las urnas. Pero se echa de menos una mirada más atenta sobre la falta de contenido ideológico de esos líderes tanto en sus discursos parlamentarios durante las sesiones de investidura como en sus declaraciones o, por supuesto, en las dos campañas electorales. También, y principalmente, sobre educación.

Todos invocan continuamente el Pacto escolar en una letanía aburrida y vacua, pero sus discursos se reducen al manoseado no absoluto a la LOMCE de las izquierdas y los partidos nacionalistas y el sí, pero con reformas y matices muy imprecisos de Ciudadanos y el propio Partido Popular. Creo que si algo tienen claro los profesionales de la enseñanza y los ciudadanos son los vetos y las fobias de los principales partidos y, por supuesto, que todos han culpado a los otros de no ceder lo suficiente para que hubiera un Gobierno y, a la vez, un consenso mínimo para construir de una vez por todas un Pacto educativo. Así están hoy día las cosas.

Mientras tanto, se sigue gobernando y se toman decisiones en las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias en educación. Y gobernar es principalmente “elegir”, como manifestaba Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en la última campaña electoral. Tras las decisiones políticas no es posible ninguna forma de camuflaje, porque los hechos son observables y sus consecuencias muy visibles.

Por un lado, hay que contar con la férrea oposición de doce Comunidades Autónomas a la aplicación de la LOMCE y, particularmente, a las pruebas finales de ESO y Bachillerato. Es bastante probable que se nieguen a ponerlas en marcha. Ya ocurrió a final del curso pasado con la evaluación de 6º de Primaria, una prueba mucho más inofensiva que las reválidas que, aun así, gestionaron de forma irregular catorce autonomías (las populares Galicia y Castilla y León incluidas). Una de las motivaciones principales del ministro Wert –dar mayor coherencia y uniformidad al conjunto del sistema educativo en España–, hace aguas por todas partes, dominado por una enorme cantidad de particularidades muy difíciles de revertir (por ejemplo, Cantabria estrena este curso sus polémicas vacaciones alternativas, con una semana libre cada dos meses de clase).

Además, las Comunidades gobernadas por partidos de izquierda inician continuamente incendios políticos, algunos de gran magnitud, pensando exclusivamente en el beneficio electoral y, sobre todo, en busca de la hegemonía cultural e ideológica que los perpetúe en el poder a medio o largo plazo. Los montes que incendian una y otra vez nuestros conocidos pirómanos progresistas son el de los conciertos educativos y el de la asignatura de Religión. Dos temas centrales del Pacto educativo que debe alcanzarse en seis meses según algunos, ¡ahí es nada! Lamentablemente, ambos están produciendo ya daños humanos y laborales irreparables, destruyendo derechos, empleo, pluralidad educativa y libertades de la sociedad civil.

La aplicación de la LOMCE en estas Comunidades se hace de manera desigual e interesada, pues se incumple de manera flagrante una ley orgánica en los aspectos que les resultan indeseables (por ejemplo, el asunto de las mal llamadas reválidas), pero se acogen con rapidez a los que les benefician, como es el caso de la disminución horaria de la asignatura de Religión que permite la reforma de Wert. El profesorado de la asignatura de Religión en la escuela pública se enfrenta a reducciones de plantillas y de jornada salvajes, atropellando sus carreras docentes, sus expectativas laborales y económicas, y condenándolos a una agonía permanente para saber quién y en qué condiciones puede seguir impartiendo clase cada nuevo curso escolar. La demanda de las familias, sin embargo, sigue ahí, creciendo incluso en el Bachillerato, año tras año. No olvidemos que esta asignatura es de oferta obligada por los centros y de libre elección por los padres, y que el curso pasado subió del 51,9% al 53% el porcentaje de matriculaciones en religión católica en los centros públicos.

Del mismo modo, se multiplican y enconan los enfrentamientos de los trabajadores y los centros concertados con las Administraciones progresistas, como por ejemplo en el caso sangrante de la Comunidad Valenciana. La concertada está siempre amenazada por la espada de Damocles de la financiación pública, continuamente insuficiente, y a cuyo acceso se ponen toda suerte de trampas y cortapisas jugando sin ningún disimulo a la contra, siguiendo una estrategia clara de empobrecer y reducir el sector educativo concertado, tanto en su oferta de plazas educativas como en los derechos laborales y económicos de sus docentes.

Menos concertada y más enseñanza pública y laica es la vetusta monodia educativa que imponen los jóvenes y modernos talentos de la nueva izquierda cuando pueden decidir con un boletín oficial dónde se gastan los impuestos de todos los contribuyentes, haciendo caso omiso de la voluntad libremente expresada por esos mismos ciudadanos, año tras año en los procesos de matriculación del alumnado, que siguen eligiendo masivamente la escuela concertada y la asignatura de Religión para sus hijos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Progresamos, sí, pero hacia atrás.

Antonio Amate es secretario general de FEUSO.