162 millones de suspensos

Seis meses con gobierno provisional en España. Y los que vienen. En Europa hay una conciencia clara de dos grandes retos que van a condicionar el futuro del continente: la identidad o la unidad europea y la re-industrialización. La revolución digital, que suprime intermediación en la cadena de valor, unida a la voracidad exportadora de China (hasta hace muy poco imbatiblemente competitiva) están convirtiendo ciudades y barrios de Europa en guetos subvencionados de marginalidad. Guetos que se suman al torrente de refugiados para crear una nueva fotografía. Podemos verlo y juzgarlo de muchas maneras, pero es incuestionable; es un reto que nos sacude.

Pues llevamos 6 meses contemplando el espectáculo de los líderes de los partidos políticos que se han mostrado incapaces de proponer a los españoles, no ya “un gran pacto”, sino ni siquiera un arreglo. Y son los profesionales de la política. Lo de “profesionales” es un término que significa, por lo menos, dos cosas: que la política es una forma de vida para ellos, esto es, viven de ello; y segundo, que su actividad se desarrolla con maestría, con riguroso modo. De la primera acepción, la de la política como modus vivendi de los políticos, damos fe. Viven de ello. De la segunda acepción, sin embargo, dudamos. Seis meses para mostrar la incapacidad de llegar a un pacto que España necesita a gritos para caminar constituirían un despido más que procedente para cualquier “profesional” que, en el caso de la política, en España, cobrara religiosamente su sueldo y sus beneficios para, sin más, volver a empezar.

El término “profesional” referido al político, sin embargo, en Estados Unidos es ofensivo, porque denota un ánimo de lucro o de acomodamiento en lo que se considera función pública. Una función que, cuando su dedicación requiere exclusividad de tiempo, hace que sea siempre provisional. En Estados Unidos el político viene y va a la iniciativa privada y rara vez procede del funcionariado. En España, sin embargo, padecemos dos males endémicos: hacer de la función pública una recompensa, no un modus vivendi sino un modus lucrandi, y una constitución y leyes de partidos que amplifican el problema: más lucro, más tiempo y para más personas. Una especie de bola de nieve que, en nuestro caso, ha llegado ya al precipicio del colapso por insolvencia.

Mientras en Europa se trabaja hacia la nueva reindustrialización y la reconexión de potenciales, en España pagamos con fondos públicos la desconexión y la ruptura de los acuerdos que nos permiten caminar, competir, mejorar. El ciudadano, desconcertado, se siente en una etapa pre-política en la que solo le queda pagar de su bolsillo público 162 millones de euros más, el coste de una nueva campaña que va a llegar a parecidos resultados y, lo más importante, volver a construir entre todos lo que hizo la constitución española; un gran pacto pre-político de convivencia. No “profesional”, ya me entiende usted.