Lo que está en juego

El resultado de las primarias del pasado mes de agosto y la marcha de una campaña electoral aún fría marcan el escenario: el candidato oficialista Daniel Scioli del Frente para la Victoria puntea la elección con un 38,41%, seguido de Mauricio Macri (PRO-Cambiemos) con el 30,07% y el tercero en discordia -Sergio Massa (Frente Renovador)- obtiene el 20,63% de los votos.

En las generales, para vencer se necesitan el 45% de los votos, o más del 40% y una diferencia mayor al 10% respecto del segundo. Conforme los guarismos de las P.A.S.O., ninguno de los principales candidatos tiene el resultado asegurado.

Pese a ser elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (de allí su sigla), fueron las de mayor absentismo de la historia democrática del país (no votó y deberá justificar su inasistencia a las urnas más del 26% del padrón). Este último dato, sumado al más del 4% de votos en blanco, no es menor.

Es que en las próximas elecciones presidenciales está en juego mucho más que la continuidad o la ruptura con el modelo kirchnerista.

Los candidatos, por ahora, dedican poco tiempo a discutir y hacer conocer sus propuestas respecto de los temas más urgentes de la agenda de los argentinos: inseguridad urbana, expansión del narcotráfico y del lavado de dinero sucio, inflación, pérdida de reservas monetarias, insuficiencia del sistema energético nacional, deterioro de los servicios públicos, nivel de cobertura del sistema de seguridad social y de salud, entre otros no menos importantes.

La economía presenta graves problemas, la inflación el más palpable de todos. Con un nivel real de más del 35% anual, Argentina tiene el segundo mayor índice de inflación del mundo detrás de Venezuela. Es un cáncer que corroe los ingresos de las familias y que tergiversa todos los cálculos e indicadores económicos, entorpece la normal marcha de los negocios y ahuyenta las inversiones tanto nacional como extranjera.

El empleo también afronta un estancamiento preocupante. Tal vez como ningún otro dato revele una de las características del ´modelo´ cuya continuidad se decide en las elecciones de octubre: mientras que en el período abarcado desde la crisis de 2001 hasta 2010 el empleo privado creció a un ritmo de 200.000 puestos anuales y el empleo público lo hizo a razón de 85.000, desde 2011 a la fecha (segundo período presidencial de Cristina Kirchner) el empleo privado sólo crea 40.000 puestos anuales, pero el empleo público aumentó a razón de 150.000 puestos por año. Se trata de un estatismo ya desprovisto de argumentos vinculados a la emergencia económica justificante de la necesaria intervención del Estado para salvar a buena parte de la población de la pobreza y de la miseria. Es ya una mentalidad arraigada en las generaciones más jóvenes, apuntalada por una educación sistemática en todos los niveles educativos en la que se transmite que el Estado es la única expresión colectiva de significación y participación, bajo la musa inspiradora del ´Proyecto Nacional´.

En 2013 (último año en que algunas de las estadísticas del intervenido INDEC pueden tomarse en cuenta sin sospecha de falsificación) en Argentina había 17.200.000 personas en condiciones de trabajar, de las cuales 16.016.000 estaban ocupadas, y 1.184.000 desocupadas. Del total de ocupados, 6,3 millones lo hacían en el sector privado formal, 6,1 millones en el sector privado informal y 3,6 millones en el sector público (nación, provincias, municipios, empresas públicas y organismos descentralizados). Es decir, el 38% eran trabajadores informales, y el 22%, empleados públicos.

En varias provincias el empleo público supera el 50%, y ello explica en gran parte lo difícil que resulta a la oposición vencer en los comicios a los oficialismos locales, ya que muchos votantes concurren a lar urnas bajo amenaza de perder sus empleos.

Además, el 20% de la población, es decir ocho millones de personas, recibe algún tipo de asistencia económica del Estado Nacional. Este año, en total serán 90.500 millones de pesos (unos diez mil millones de dólares) de transferencias directas en dinero a las personas, como los casos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan Progresar, las pensiones no contributivas, las becas de capacitación por los programas de empleo y el pago a los cooperativistas del programa Argentina Trabaja. Casi 6 millones de personas reciben atención alimentaria, de los cuales el 30% recibe ayuda en dinero; 1,5 millones de personas reciben una pensión por invalidez, familia numerosa o por vejez; hay 3,4 millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal; más de 640.000 personas que participan de programas de empleo; más de 300.000 están en cooperativas de trabajo y más de 360.000 jóvenes en el plan Progresar. Cristina Kirchner anunció en marzo pasado que la cifra de este último ascendería este año a 570.000 alumnos y que en el futuro podría incluirse a casi 700.000 más.

En los hechos, los números antes expuestos significan un 27% de pobreza, 34% de trabajo informal y 1.500.000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Hace tiempo que la inocencia abandonó a la Argentina, y el asistencialismo es sólo el otro perfil de la mayor degeneración política: el clientelismo.

Hace apenas dos semanas la televisión mostró en directo cómo los partidos políticos repartían bolsas de comida a cambio de votos en las elecciones de la provincia de Tucumán, que culminaron escandalosamente con el incendio de urnas, evidencias de fraude y un recuento de votos plagado de denuncias que finalmente fue abandonado por la oposición por ´falta de garantías´. Es que el primer día de escrutinio, la justicia electoral a cargo del comicio ya adelantó públicamente, en un supuesto de flagrante prejuzgamiento, que más allá de hacerse el recuento de votos el ganador era, es y será el candidato oficialista.

La posibilidad de elecciones fraudulentas es una amenaza que se cierne sobre votantes y candidatos opositores. Existe una extendida sospecha sobre el rol del Correo Oficial, que se ocupa de la carga de los datos, y el de la multinacional española INDRA, que procesa los mismos. Tibiamente, los partidos opositores comienzan a imaginar entre ellos una estrategia común al respecto.

Para el 4 de octubre está anunciado un debate televisivo entre los candidatos a presidente. Será una primera oportunidad para que los aspirantes al sillón de Rivadavia convenzan al pueblo de que no son todos iguales. La indiferencia de casi el 30% que no fue a votar o votó en blanco en agosto y la desconfianza que anida en muchos de los que emitieron su voto en las primarias lo demandan.

Es que lo que se juega en octubre es mucho más que un cambio de discurso o, incluso, de modelo: es impedir que una desmoralización crónica se apodere definitivamente de la conciencia cívica de los argentinos.