El curso arranca con muchas incógnitas

Arranca el curso escolar y nuevamente las citas electorales serán protagonistas de esta “vuelta al cole” que, sin duda, no quedará al margen de las elecciones catalanas y generales, cuyos resultados condicionarán el desarrollo inmediato y el de los próximos años de la educación en nuestro país.

Hay que reconocer que el nuevo ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ha empezado con buen pie, pero con poco margen de tiempo para atajar los innumerables problemas heredados. Lo que sí ha dejado bien claro, como no podía ser de otra forma, es que una ley aprobada en el Parlamento es de obligado cumplimiento, por lo que, en lo referente a la LOMCE, ha propuesto a las Comunidades Autónomas diálogo y negociación sobre determinados aspectos que podrían ser modificados.

Sin duda, el caos generado y la incertidumbre que rodea el inicio de este curso escolar tienen su origen en quienes han trasladado a la opinión pública y especialmente a las familias, alumnos y profesionales de la educación, que la LOMCE se iba a paralizar y no se aplicaría este mes de septiembre. Las razones que les han llevado a mantener lo que sabían era imposible podríamos buscarlas lejos del interés de mejora del sistema educativo. La LOMCE puede gustar más o menos, incluso nada, pero para modificarla o cambiarla hay que seguir las reglas del juego democrático y, sobre todo, hay que hacerlo pensando en el bien de los estudiantes, los profesores y del conjunto de la comunidad educativa.

Cada vez se hace más difícil entender que, antes de trabajar juntos para mejorar los resultados que tenemos, exista un empeño en que cada autonomía establezca su propio sistema educativo, en un intento de remarcar e incrementar las diferencias entre los territorios que conforman el Estado. De esta forma, los alumnos se convierten en auténticos “conejillos de indias”, los profesionales están desmotivados, desorientados y perplejos ante la situación que vive la escuela y, al final, los resultados siguen sin mejorar.

No podemos olvidar que la educación es el pilar fundamental del presente y del futuro de una sociedad, de un país. Los responsables políticos, en quienes hemos depositado nuestra confianza, deben esforzarse por alcanzar un alto consenso en esta materia que permita dar estabilidad, calidad y seguridad al sistema educativo. Si hay que afrontar una nueva reforma ha de ser con tranquilidad, lejos del interés partidista.

El ministro hace bien en ofrecer diálogo, en intentar abrir vías de conversación sobre ese necesario “Pacto de Educación”, manteniendo al mismo tiempo firmeza en la aplicación legal de la normativa vigente. No se puede obviar que no hay tiempo, ni disposición política, para alcanzar un acuerdo antes de que finalice la presente legislatura, pero sí pueden quedar marcadas las líneas generales por las que debería discurrir, lo que ya sería un importante avance. Así, tras las elecciones generales, el nuevo Ejecutivo solo debería continuar ese trabajo, y no introducir nuevas reformas sin que éstas hayan sido respaldadas por una amplia mayoría política y cuenten con un apoyo también muy amplio de la comunidad educativa. Lo fundamental a tener en cuenta, llegados a este punto, es que si ha de haber un nuevo cambio en el sistema educativo, debe ser para muchos años, sostenible en el tiempo, con independencia de quien gobierne tanto el Estado como las autonomías. El curso será decisivo para este asunto, ya que tras los comicios, sabremos si la LOMCE continúa como está, es modificada o es derogada en su totalidad o parcialmente.

Méndez de Vigo ya ha señalado que está en disposición de dialogar sobre las evaluaciones externas de Secundaria y Bachillerato. Casi con toda seguridad habrá que revisar su finalidad, su formato y si la competencia es exclusiva del Estado. Habrá que evaluar los resultados de la puesta en marcha de la FP Básica y la FP dual. Se decidirá si se mantienen los itinerarios en 4º de la ESO –enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas enfocadas al Bachillerato y FP, respectivamente– y que, según el actual calendario, deberán aplicarse en el curso escolar 2016/2017.

El nuevo equipo ministerial ha acertado también en reducir las ratios de alumnos por aula y dejarlas como estaban antes de la aplicación de los duros recortes del año 2012. Aunque su aplicación no sea inmediata en este curso escolar en algunas autonomías, esta reducción permitirá recuperar calidad y que decenas de unidades y profesores sigan en activo.

Y si hay que reconocer estos pasos, también hay que señalar que aún nos falta por saber cuáles son las cartas con las que juega el Ministerio en un aspecto fundamental: el profesorado.

Es imprescindible que el ministro convoque, dialogue y negocie con las dos mesas sectoriales, la de la enseñanza pública y la de la concertada. Simultáneamente debe empezar a avanzar firmemente en la elaboración de la Ley de la Función Docente prevista en la LOMCE y, además, no puede dejar a un lado la necesidad de revertir los duros recortes que han sufrido todos los profesionales de la enseñanza pública y concertada desde el año 2010. Las mejoras deben comenzar de forma contundente durante el año 2016 y lo que parece claro es que subir el salario el 1% es insuficiente.

En los últimos 30 años este país ha vivido siete reformas del sistema educativo y en todas ellas se ha dejado al margen la cuestión fundamental de regular y mejorar la profesión. La futura Ley de la Función Docente debe centrarse en el desarrollo de la profesión de todos los que se dedican a la docencia, independientemente de que ejerzan la misma en un centro público, privado o concertado.

La “vuelta al cole” también nos deja otra asignatura a aprobar en este curso: la de saber si en este país se respeta realmente el derecho constitucional de elección y libertad de enseñanza. Son varios los responsables autonómicos que han declarado o adoptado medidas que claramente atentan contra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, centrando sus discursos y acciones en una batalla absurda contra la enseñanza concertada. ¡Señores!: reducir los conciertos existentes, afirmar que la enseñanza concertada es subsidiaria de la pública, apostar por la desaparición de los conciertos conforme vayan incrementándose los centros públicos… son claras manifestaciones y acciones contra la libertad, los derechos constitucionales y constituyen un grave ataque a los miles de profesionales que trabajan en estos centros, a los que parece que se quiere enviar al paro.

Dicho esto, solo queda esperar que los responsables políticos de los distintos gobiernos en materia de educación actúen con la madurez y altura de miras que requiere la gestión de un asunto tan importante. Ellos deben ser los primeros interesados en que este curso comience y se desarrolle con la máxima normalidad posible, y es su responsabilidad transmitir tranquilidad a los alumnos, a los docentes y a las familias. Sus diferencias, legítimas en cualquier caso, deben sustanciarlas en el marco de la Mesa Sectorial de Educación, foro que debe permitir alcanzar acuerdos y pactos que den al sistema educativo la estabilidad que necesita. Eso es lo que les demanda la ciudadanía, es un clamor que no deben seguir desatendiendo.

Este curso escolar puede ser una nueva oportunidad y hay que aprovecharla. El futuro es mañana, y mañana puede ser tarde. Hemos tenido un verano movido, ¡ojalá el la “vuelta al cole” sea tranquila!