Una de cal y otra de arena

El reciente acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para investir como presidenta a Cristina Cifuentes hace guiños muy visibles a los paradigmas educativos de la cultura hegemónica, a la perspectiva progre. Principalmente porque esos paradigmas están de moda, y parece más práctico ahora asumir algunos de sus principios. Era necesario desmarcarse y diferenciarse de las etapas de gobierno precedentes introduciendo algunas novedades que envíen al electorado, y a la sociedad en general, el mensaje de que algo ha cambiado ya, y que el gobierno del PP en Madrid es otra cosa, haciendo un esfuerzo de renovación para el que no se quieren escatimar esfuerzos.

Es cierto que con Lucía Figar, una parte de la comunidad educativa muy chillona protagonizó permanentemente el conflicto educativo como arma política, siendo la defensa a ultranza y excluyente de la escuela pública el gran mantra, escenificado de todas las maneras y mareas posibles, y además amplificando los efectos de los recortes económicos como estímulo para la movilización de una parte del profesorado y de las muy politizadas organizaciones de padres y alumnos (no me atrevo a decir de los padres y el alumnado en general, porque creo que no les representan).

El patrimonio acumulado en la Comunidad de Madrid desarrollando la complementariedad de las redes educativas pública-concertada, con sus luces y sombras, debería servir como punto de partida para seguir cimentando una política educativa basada en el desarrollo de la igualdad de oportunidades, facilitando a las familias la elección de centro conforme a sus convicciones, y sin que los recursos económicos sean un obstáculo insalvable para muchos padres.

Porque la igualdad en el sistema educativo madrileño depende en gran medida, sí o sí, de la financiación. Sin una financiación suficiente en todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluyendo los servicios escolares como transporte escolar y comedor, no es posible desarrollar el “derecho de todos a la educación que quieran y puedan elegir, desde 0 años a los 18”. En resumen, la regla básica para armonizar todos los intereses debería ser: los mismos recursos, los mismos compromisos. Gratuidad y calidad sí, pero para todos (es decir, para todos los centros sostenidos con fondos públicos).

De esta realidad esencial nada dice el citado acuerdo con Ciudadanos, partido que no conviene olvidar se expresó durante la pasada campaña electoral con gran claridad a favor de la prioridad de la escuela pública, y de la supresión de la asignatura de religión y su profesorado.

Lo que sí aparece en estos acuerdos es una única alusión, para mí negativa, referida a “todos los centros sostenidos con fondos públicos” para reforzar los mecanismos de supervisión de la inspección educativa como paso previo a la toma de decisiones en el proceso de escolarización. ¿Es una respuesta esta afirmación a ese tópico parasitario contra la libertad de enseñanza que afirma, también como un mantra, que la escuela concertada elige a sus alumnos y en cambio la escuela pública escolariza a todos, también a los que presentan más dificultades?

Sin embargo, el resto de los acuerdos, en clave positiva, no hacen la misma referencia a todos los centros sostenidos con fondos públicos. ¿Significará esto que la contratación de 500 profesores para apoyo escolar y atención a las necesidades educativas especiales sólo afectará a la escuela pública? ¿O el incremento gradual de los centros educativos bilingües seguirá las dos velocidades actuales, marginando a los padres que eligen la escuela concertada?

Durante la campaña electoral, Cristina Cifuentes afirmó a los representantes de la escuela concertada: “Apuesto por la pública, pero también por la libertad de elección, por eso tengo que atender las necesidades de la concertada para garantizar la elección de los padres”. En aquel encuentro, hubo varias reivindicaciones estratégicas para el sector, como la recuperación del concierto de la Formación Profesional de grado superior, una revisión de la financiación del módulo de conciertos, o por ejemplo, la generalización del concierto de bachillerato para garantizar una gratuidad real de las enseñanzas desde 0 años a 18, equiparable en servicios, plantillas y derechos laborales en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En su reciente discurso de investidura, Cristina Cifuentes explicó las líneas maestras del programa sobre educación. Y la música no sonaba mal. Su apuesta convencida por la pública junto a la defensa de la libertad de elección de centro por las familias son dos elementos que no deben ser contradictorios, en principio. Habrá que esperar a los primeros presupuestos regionales para ver si se cumplen las expectativas creadas y si se sigue avanzando en la complementariedad de las redes educativas, allanando diferencias y facilitando oportunidades para todos. El tiempo dirá.

Es difícil navegar contra corriente, especialmente intensa en este momento social. Las fuerzas políticas de izquierda emergentes han declarado sin complejos cuál es su estrategia en educación. Para ellos el punto de partida siempre ha consistido en dinamitar el dualismo tradicional derecha-izquierda a cambio de poner en primer plano el eje vertical arriba-abajo, los privilegiados y los no privilegiados, la élite y el pueblo. En esta nueva escena política, la escuela pública adquiere un papel aún más fuerte como elemento de transformación y nivelación social frente al modelo de la escuela privada concertada, sobre la que se hace una campaña de difamación permanente al asociarla al espacio sociológico de aquellos “que siempre han estado arriba”. Apostando por la escuela pública, única y laica dicen que agregan demandas populares creando un proyecto más popular, con unas nuevas reglas del juego en todos los terrenos y que emerge de la iniciativa de la “gente decente”.

Con estos posicionamientos, se avecina una más que probable reedición de la guerra escolar pública-concertada. Es verdad que entrar con argumentos en un debate tan cargado de emociones no es fácil, pero tampoco evitable. La Comunidad de Madrid es un espacio estratégico para confrontar las ideas, crear realidades que contradigan los espejismos de los nuevos salva patrias, y sobre todo, para reivindicar un marco educativo en consonancia con el deseo de convivencia y de respeto a las libertades individuales que es el que existe en la realidad, con gran normalidad, y lejos de los escenarios más próximos a la ficción de los juegos del hambre que diseñan algunos politólogos para su exclusivo beneficio electoral.

Antonio Amate es secretario general de la Federación de Enseñanza de USO