¿Paralizar la LOMCE? Pensemos antes, nos jugamos mucho

El evidente cambio del mapa político de municipios y comunidades autónomas tras los comicios del 24 de mayo también ha repercutido en la educación, pues el conglomerado de izquierda que ha tomado asiento no ha perdido tiempo para pedir que se paralice la LOMCE.

La hemeroteca nos recuerda los pronunciamientos de la práctica totalidad de partidos y organizaciones del sector educativo que auguraban este destino ante una ley que nacía “muerta” por estar ligada a una mayoría absoluta obtenida y necesariamente mantenida del Partido Popular (PP).

La falta de diálogo y la actitud ante la comunidad educativa del todavía ministro de Educación cuando escribo estas líneas, José Ignacio Wert, y de la ya ex secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, han ocasionado un daño irreparable, que sin duda puede haber contribuido de forma decisiva a este vuelco electoral. La soledad del Ministerio y del PP es total, y las elecciones generales podrían ser la puntilla.

En este momento, la foto es borrosa y es difícil precisar dónde y en qué grado se está aplicando la LOMCE. Algunas comunidades han reconocido que no la aplican, otras están retrasando el desarrollo normativo o buscan cómo bordear la legislación en un intento de “minimizar su impacto y seguir con la LOE”, algunas no han llegado ni a cambiar los libros de textos que responden al currículo anterior y no faltan las que no han aprobado el currículo de ESO y Bachillerato a falta de un par de meses para su aplicación. Por no hablar del boicot sufrido por la prueba de evaluación de 3º de Primaria, que incluso alguna Consejería se ha atrevido a no convocar.

¿Y cómo afecta esto al profesorado? La perplejidad es la nota dominante, junto con un patente desánimo que se traduce en una clara falta de implicación, desmotivación por las continuas maniobras interesadas de los distintos partidos en lo que se refiere a la educación y una honda indignación por los recortes que no cesan y por la sensación de que todo el esfuerzo hecho no sirva para nada.

La LOMCE, como ley orgánica que es, una vez aprobada por el Congreso, es de obligado cumplimiento para los gobiernos autonómicos, sea de su gusto o no. Pero estamos asistiendo a una suerte de “desobediencia civil” que ampara a cada comunidad a decidir si aplica o cambia aquellos aspectos que no son de su agrado de la norma en cuestión, lo que, sin duda, sienta un serio precedente que parece legitimar el incumplimiento o boicot a la legislación estatal. Pero, ¿qué hace el Ministerio y el Gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley?

A día de hoy, a menos que se modifique el texto, la LOMCE no se puede paralizar, puesto que su calendario de aplicación es parte de la misma, además de que el PP ha rechazado en sede parlamentaria la petición de paralización. Si bien es cierto que la aplicación de la reforma entera en dos cursos escolares no tiene que ver con la calidad o mejora del sistema educativo, sino que más bien responde a intereses partidistas, tampoco podemos obviar que no es lo mismo pedir un aplazamiento del calendario que la completa paralización de la ley.

La educación ha sido un tema clave durante la campaña, pero ahora, con las cartas sobre la mesa, no conocemos muchos acuerdos escritos sobre lo que le afectarán los pactos postelectorales. Todo apunta a que habrá comunidades que van a hacer todo lo que esté en su mano para ganar tiempo hasta que se celebren las generales y una nueva mayoría política acometa la derogación de la LOMCE.

¿Pero nos hemos preguntado cómo quedará entonces el sistema educativo? ¿Sabemos qué implica esta derogación? ¿Existe una alternativa? Demasiadas preguntas sin respuesta y una cuestión fundamental: el perjuicio que todos estos vaivenes están ocasionando a alumnado y profesionales.

Es razonable pensar que antes de derogarla es necesario plantear un debate abierto y un diálogo en el que tengan voz las organizaciones representativas de la comunidad educativa, encaminados a alcanzar un amplio consenso e incluso trabajar sobre un necesario Pacto Educativo que ponga las bases de una nueva regulación de la educación no universitaria en nuestro país sobre las premisas de la estabilidad y la durabilidad. De lo contrario, nos encontraremos de nuevo con una ley que contente a una parte de la sociedad, que provoque la protesta de la otra parte, y que pueda ser nuevamente incumplida en aquellas comunidades de distinto signo político, lo que nos lleva a un círculo vicioso que terminaría, o comenzaría, según se mire, con una nueva modificación legislativa en cuanto cambiara la mayoría en el poder.

Y mientras, parece que no somos conscientes del perjuicio al desarrollo de decenas de miles de alumnos, del hartazgo de los profesionales del sector y su repercusión sobre la escuela, y lo más importante, olvidamos el daño que podemos estar ocasionando a nuestro futuro como sociedad y como país.

En conclusión, el sistema educativo necesita estabilidad. El alumno debe estar en el centro de todas las medidas que se adopten, los profesionales necesitan un mayor reconocimiento y trato digno hacia su profesión, introduciendo todas las mejoras que sean necesarias en su formación y preparación, y las familias deben volver a recuperar la confianza en la escuela.

Si se produce el cambio político, tal y como apuntan las encuestas, antes de derogar o paralizar la LOMCE, sin saber qué se va a hacer, alguien debería promover el diálogo y el consenso. Nos jugamos mucho.