¿Por qué el Bachillerato no es gratuito en los centros concertados?

Si hay un logro destacable en estas últimas décadas en lo que a educación se refiere es haber extendido la enseñanza no universitaria hasta los porcentajes actuales de población escolar, lo que sin duda se traduce en una sociedad mejor en muchos aspectos. Y si es necesario reconocer este acierto, no lo es menos recordar que aún quedan cuestiones por abordar y que el proceso está lejos de poder concluir cuando existen asuntos de innegable calado sobre la mesa como la gratuidad del bachillerato vía concierto educativo.  

Desde los 6 hasta los 16 años, el sistema educativo en nuestro país es “obligatorio y gratuito”. Además, la Constitución, en su artículo 27.1, establece que la educación es un derecho, reconociendo la libertad de enseñanza y con ella la libre creación de centros educativos y la potestad de los padres de elegir, ejerciendo esa libertad, la formación religiosa y moral que consideren más adecuada para sus hijos.  De hecho, gracias a ese mandato constitucional existe una enriquecedora convivencia de centros públicos, centros concertados y centros privados, encuadrándose los dos primeros dentro de los que se denominan “sostenidos con fondos públicos”.

Y si esto es así,  ¿por qué existen diferencias fundamentales entre la red pública y la red concertada? Hoy por hoy, quienes apuestan por un centro concertado para la escolarización de sus hijos sufren una clara e injusta discriminación cuando estos superan los niveles para los que se establece la gratuidad de enseñanza, ya que, mientras el bachillerato tiene un coste cero en los centros públicos de todo el Estado, en los concertados son las familias las que asumen todos los gastos.

Descrito este panorama, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que en contra de sus deseos y ante la imposibilidad de afrontar con solvencia este coste, y más en las actuales circunstancias de fuerte crisis económica, muchas de estas familias se ven “obligadas” a matricular a sus hijos en institutos públicos, a pesar de haber elegido un centro concertado para su formación previa y, por ende, los centros, que cada vez notan más la reducción del alumnado por esta razón, ven cómo la viabilidad de sus proyectos está en serio riesgo, y en muchos casos tienen que plantearse el cierre de su bachillerato.

Siendo una buena medida que el bachillerato sea gratuito para aquellos que elijan la enseñanza pública, parece también comprensible que ese mismo carácter se extienda de forma generalizada a la enseñanza concertada, lo que redundaría en que se respete la elección de las familias y se facilite a los alumnos poder cerrar su formación en el centro que libremente han escogido. Los mismos impuestos que hoy sirven para que bachillerato y formación profesional sean gratis en los centros públicos deben servir para que estos niveles lo sean de igual forma en los centros concertados, evitando que se siga discriminando injustamente a los que quieren poder elegir otra opción y no pueden permitírselo por razones económicas.

No olvidemos que un debate en similares términos se abría hace unos años centrándose en si se debía o no concertar un nivel no obligatorio como la educación infantil de 3 a 6 años, existiendo entonces la misma discriminación entre quienes optaban por un colegio público, donde la escolarización era gratuita, o quienes lo hacían por uno concertado, donde las importantes mensualidades dejaban fuera de esta elección a muchos padres.

A pesar de la fuerte oposición por parte de organizaciones políticas, sindicales y sociales de la izquierda, e incluso de algún sindicato profesional del sector público, el camino hacia la gratuidad en este nivel se empezó a recorrer, demostrándose que hoy en día, con prácticamente escolarizado el cien por cien de la población escolar de esta edad, extendidos en mayor o menor medida los conciertos en todo el Estado, y reconocida la gratuidad en la propia ley, se puede corroborar que los temores que sustentaban la discriminación eran totalmente infundados, ya que ni la escuela pública se ha resentido, ni se ha producido un desvío de fondos asignados a la enseñanza pública para favorecer la concertada, y claramente la sociedad ha ganado en pluralidad, libertad y un mejor servicio gracias a la extensión de los conciertos. Lo que lleva a pensar si esta polémica, nuevamente ahora servida, no esconde el objetivo de establecer una escuela pública, única y laica, obligando a quienes no pueden costear una educación privada a matricular a sus hijos en un centro de titularidad pública.

Si bien en algunas Comunidades Autónomas el bachillerato está concertado desde hace años, no se debería dejar la decisión de concertar o no este nivel en manos de los gobiernos autonómicos, permitiéndose diferencias territoriales de trato al ciudadano, y de ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.

Debe ser el Estado el que legisle con carácter básico esta faceta de la educación, para lo que existen dos soluciones. La primera sería considerar en la Ley de Educación vigente la gratuidad de este nivel y posibilitar la formalización de conciertos educativos con instituciones sin ánimo de lucro, y en el caso de centros ya concertados en otros niveles y que impartan bachillerato, permitir la concertación automática. La segunda pasa por considerar la obligatoriedad de la enseñanza desde los 3 a los 18 años, incorporando a la legislación mecanismos que permitan el acceso al mundo laboral a partir de los 16 años, con garantía de tener un contrato laboral formativo al menos hasta los 18 años. Ya solo quedaría por regular el tramo de 0 a 3 años que, desde mi punto de vista, debería ser también gratuito, que no obligatorio, y atendido con plazas escolares públicas y concertadas.

Desafortunadamente, tanto la inclusión de la gratuidad del bachillerato como la consideración de la enseñanza obligatoria de los 3 a los 18 años se han perdido con la LOMCE. Aun así, no hay que desistir y estamos a tiempo de que lleguen cambios en el sector, y tanto en estas próximas elecciones autonómicas, como en las próximas generales, esperamos programas en los que se recoja la defensa de la libertad de enseñanza y, como ejemplo de ella, la apuesta por los conciertos en general y también en el bachillerato.

Jesús Pueyo Val es secretario general de FSIE