El PP deja libre a su electorado

Habría sido una buena ley. La de protección al no nacido. Pero ya sabemos que no va a salir adelante. El PP está convencido de que le restaría votos y prefiere aparcarla.

En democracia una norma tiene, esencialmente, dos fuentes de legitimidad. Una es la más evidente, la de la mayoría. La otra es el ordenamiento constitucional que especialmente desde mediados del siglo XX en Europa, tras las tragedias de los totalitarismos, se concibe como límite y cauce de la voluntad popular. Una Carta Magna se puede entender como una ventana abierta en el muro del derecho positivo a las evidencias metapolíticas que fundamentan la convivencia. Si esas certezas no son de algún modo compartidas y/o no están formuladas constitucionalmente es dudoso que sea conveniente que la ley imponga ciertos valores. Si así fuera la libertad no estaría garantizada. Y pronto podemos ver cómo una excesiva moralización del derecho puede convertirse en una amenaza. Sobre todo porque a lo mejor la moral que se nos impone no es la que nos gusta. Otro problema es cómo interpretar la Constitución. Y si la Constitución es solo un texto escrito o si además hay una Constitución histórica. Esto nos llevaría muy lejos.

El caso es que el anteproyecto de ley de la protección del no nacido que no verá la luz estaba apoyado en los pilares de la legitimidad. Estaba respaldado por un programa electoral que ha proporcionado mayoría absoluta al PP y respondía, mejor incluso que la actual ley, a la doctrina del Tribunal Constitucional. Además sintonizaba con lo que piensa un porcentaje mayoritario de los españoles: el aborto no es un derecho sino un fracaso. Otra cosa es que una mayoría también considera que se deba permitir en el caso de malformaciones.

Así las cosas el PP ha decidido romper parte del contrato con sus electores. Es normal. La política es así. Ahora, los electores a los que esa parte del contrato les interese, tendrán que sacar consecuencias. El aborto puede considerarse una cláusula del acuerdo pero no la única.

La vida política es la punta del iceberg de un océano cultural y social que se precipita en una serie de decisiones puntuales. Tras el comienzo del XXI, que se inició con la caída de las Torres Gemelas, una buena parte de la cultura occidental se ha movido entre el relativismo y el maniqueísmo. El relativismo débil se expresa en la disolución de la tradición occidental y el maniqueísmo se siente cómodo en el choque de civilizaciones que parece poner a salvo los valores de esa tradición. En realidad es solo un espejismo.

El PP de Aznar, por su posición personal, coqueteó con el maniqueísmo y se alejó del relativismo. Bien es verdad que sin hacer una reflexión ni una aportación relevante sobre esta cuestión. El zapaterismo aceleró intensamente la disolución de las certezas constitucionales que ya estaban disolviéndose en la sociedad española. Alguna derecha europea, como la de Cameron, ha copiado al líder socialista. Y ahora se hace evidente que el PP de Rajoy no quiere servir de freno a la descomposición, a pesar de que tenía plena legitimidad para ello.

A partir de este punto todo está más claro. Hay determinados valores constitucionales que no van a ser defendidos por ningún partido político. Por lo que dejarán de serlo. La protección de la vida del no nacido y el acompañamiento de las madres está en manos de la sociedad civil que tiene que lidiar con una mala ley. A la hora de elegir a quién votar ya solo queda como criterio la mayor o menor tutela de espacios de libertad. Habrá que examinar cada caso sin apriorismos.