Urge un modelo de elección del CGPJ que garantice la independencia del poder judicial

¿Es justo decir que en España existe una politización de la justicia?

Hay que diferenciar. Aunque la mayoría no esté politizada la imagen queda afectada por una minoría que es muy visible y que sí juegan a la política o a puertas giratorias o hacen favores a políticos.

La otra cara de la moneda es la tentación política de controlar al poder judicial

Por supuesto, este es lo que lleva pasando en España desde el año 85. Siempre hay una tentación de controlar al poder judicial que es al que los políticos tienen que acabar rindiendo cuentas si no lo hacen las cosas bien. Además en España hay muchos casos que acaban ante los tribunales de justicia y que tienen impacto político. Por tanto, poder controlar, aunque sea indirectamente, lo que pasa en los tribunales es importante para ellos.

Por ser ecuánimes, es cierto que en este país se ha condenado a importantes políticos de un signo u otro lo cual corrobora la independencia de la mayoría de los jueces de la que usted hablaba.

Y además no solo a políticos importantes sino a políticos del partido que estaba en el Gobierno y creo que esto es muy relevante porque quiere decir que cuando tú estás investigando o has realizado una condena a políticos de un Gobierno este tiene todo el poder para intentar que eso no pase y, sin embargo, esa condena judicial ha salido hacía adelante. En ese sentido podemos estar satisfechos que la inmensa mayoría de los jueces son independientes y no se dejan presionar.

“La politización de las instituciones suele llevar aparejado un peor funcionamiento de ellas”

Nos hemos acostumbrado pero se ha producido una politización de las instituciones públicas. Por ejemplo, en unas elecciones a Rector se habla de un candidato de la derecha y otro de la izquierda más que de la propia política universitaria.

Efectivamente, en muchas instituciones públicas se da así y el caso de las Universidades es muy revelador cuando se supone que ahí lo que interesa son otras cosas. Por ejemplo, en las universidades públicas catalanas los Rectores se dedican a hacer política como si fueran un miembro más del Parlamento por su tipo de declaraciones o posicionamientos que hacen. Aunque sea un ejemplo extremo expresa muy bien esa idea. Esto es muy negativo para cualquier institución porque se pierde neutralidad por una parte, ya que en la institución conviven todo tipo de estudiantes y profesores y, por otra parte, se pierde profesionalidad. Que es algo de lo que se habla menos pero que también es significativo porque un Rector no está para pronunciarse sobre la independencia o sobre cualquier asunto político sino para gestionar bien su Universidad. En la medida que se tiende a elegir personas muy ideologizadas o con un perfil político estás perdiendo otras capacidades que son más trascendentales para el gobierno de esa institución y eso se suele decir menos. Una politización de la institución suele llevar aparejada una peor profesionalidad y, por tanto, un peor funcionamiento.

Europa nos ha tirado de las orejas ante la falta de acuerdo político para llevar a cabo la renovación del CGPJ ¿Cuál es la propuesta de Europa? ¿Qué modelo podría dar una relación de contrapesos adecuada?

Europa lo que tiende es a lo que llaman unos estándares. No es que esté escrito en una norma cómo tiene que ser el modelo de separación de poderes en Europa pero si se indican unos estándares que se consideran razonables. Siempre con la idea de garantizar la separación de poderes y que el poder judicial funcione como un contrapeso del poder ejecutivo, también del poder legislativo en parte. Lo que ellos consideran que garantiza mejor esa separación de poderes es que cuando existe un órgano de Gobierno de los jueces, como es en España el CGPJ, tenga al menos la mitad de sus miembros elegidos por los propios jueces y magistrados. En España todos los miembros de CGPJ los elige el Parlamento. Europa considera más razonable un órgano de gobierno con una composición en la que al menos la mitad sean nombrados por jueces y magistrados y no todos por los políticos. Dicho eso, también les valdría cualquier modelo que garantice esa separación de poderes. Por ejemplo, nosotros estuvimos reunidos con el Comisario de Justicia europeo y no es que haya una norma que haya que seguir sino unas recomendaciones para conseguir esa finalidad. También hablamos de la posibilidad de seleccionar los candidatos por sorteo entre aquellos que reúnan ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque es una forma de cortar esa vinculación con la elección con los partidos políticos. Porque ahora mismo en la práctica es una elección por los partidos ni siquiera por el Parlamento.

¿Se podría volver al sistema previo al año 85?

En ese modelo de los 20 vocales del Consejo 12 los elegían entre los jueces y magistrados y los otros ocho por las Cámaras. Ese parece un modelo razonable al que se podría volver aunque para Europa podrían ser otros también. Pero el interés es el fin, no tanto el medio. El fin es conseguir esa independencia del poder judicial. Es necesario cortar ese cordón umbilical entre los políticos y los jueces. Esa es la recomendación de Europa y luego cada país puede implantar su modelo.

“Es preocupante que los grandes partidos no vean la necesidad de una independencia judicial del poder político”

¿La dimisión de Lesmes puede precipitar un acuerdo entre los grandes partidos en este sentido o estamos abocados a seguir igual?

¡Pues tengo las mismas dudas! Pero es verdad que la dimisión de algún modo es como un golpe sobre la mesa en el sentido de decir esto ya no aguanta más ya que llevamos cuatro años con esta situación… y teniendo en cuenta que hay una presión por parte de Europa grande y la dimisión de Lesmes es como la guinda del pastel. Quizá sea un incentivo para que los partidos lleguen a algún acuerdo pero también es cierto que es preocupante que ellos no lo hacen porque crean que es mejor para el funcionamiento de la justicia sino porque la situación es insostenible. Es preocupante que lo hagan porque no les queda más remedio.

Un juez puede tener una tendencia política, el problema es que le deba el puesto al político de turno.

Exacto, claro que los jueces tienen ideología como cualquier otro ciudadano el problema es que no le deban un favor a un político cuando llegues a un puesto de la carrera judicial. A veces, los favores van más allá de la ideología. La gente suele pensar en términos de conservadores o progresistas pero en muchas ocasiones es sencillamente que le debo un favor a un político que ahora tiene un problema judicial y ahora le devuelvo el favor. O al contrario, le hice un favor primero, que esto es más bien lo habitual, y después el partido me devuelve el favor y me nombra para algo. Eso es lo que hay que cortar porque eso no tiene que ver con la ideología. Esto hablando en plata se llama corrupción institucional. Da igual que seas de derecha o de izquierda o de centro. Es algo contrario a cómo debe actuar el poder judicial.

“Es necesario una Ley Orgánica que permita una regulación de la Corona”

Usted ha defendido la posibilidad de una Ley Orgánica de la Corona. ¿Cuáles deberían ser las líneas maestras para el fortalecimiento de la Institución monárquica?

El problema que tenemos ahora mismo con la jefatura del Estado es que ha habido muy poca regulación… prácticamente lo que hay en la Constitución y poco más y esto ha permitido que el Rey Emérito haya campado a sus anchas con unas consecuencias muy graves para la Corona porque realmente no había una normativa clara y estaba muy basada en la persona del Rey Emérito. Si queremos una jefatura del Estado más moderna y más institucional tiene que estar mucho más regulada, mucho menos dependiente de la persona que en cada momento ocupa el puesto. Estas son las reglas, esto es lo que se puede hacer y lo que no, esta es la gente que puede recibir dinero público y para qué… Y me parece razonable que lo razonable, como con tantas otras instituciones previstas en la Constitución, se desarrollen por una ley orgánica. Hay muchas instituciones en la Constitución que tienen un artículo 2 y luego hay una ley orgánica donde se desarrolla la normativa, las funciones…

Sería una forma de hacer la institución más sólida desde el punto de vista de tener una regulación clara. Si no es muy fácil decir el Rey no puede hacer esto o lo otro o esto está bien o está mal. ¿Qué tal si dejamos negro sobre blanco? ¿Cuáles deben de ser los límites? El tema de la inviolabilidad ¿A qué se extiende? Que yo entiendo que debe de extenderse solo a temas públicos ratificados por el Consejo de Ministros. En fin, una serie de cuestiones que son más bien técnicas que se pueden poner en una Ley Orgánica de la Corona que ayudarían a clarificar el panorama. También hay que ser conscientes de que la situación de la jefatura del Estado es complicada. En primer lugar, por lo que ha pasado con el Rey Emérito y, en segundo lugar, porque hay muchas fuerzas políticas que en España, sobre todo los partidos nacionalistas, ven en el Rey el enemigo a batir para conseguir la independencia así que se dan muchas circunstancias que hace que ahora mismo la Institución esté un poco bajo una serie de ataques y creo que no estaría mal aprovechar esto para hacer un debate, una ley siempre supone un debate público, ¿Cómo queremos que sea la Institución? ¿Qué perfil le queremos dar? Y esto es una cosa que deberíamos hacer siempre independientemente si tuviéramos un Presidente de la República o un Rey. Es independiente de la forma de la jefatura del Estado.

El indulto es personal y habría que matizar cada caso pero ¿Los indultos a los líderes independentistas ayudan a la paz social o se puede interpretar como un signo de debilidad y dejan en mal lugar a la justicia?

El problema de los indultos es que básicamente en este caso y en otros se ha utilizado de una forma política. El indulto es una figura muy excepcional recogida en una ley de 1870 y, en principio, está previsto para supuestos muy excepcionales donde hay un arrepentimiento y donde por diversas razones se considera que ya no tiene sentido que esa persona siga cumpliendo la pena. Lo que hemos visto con los últimos indultos es, no solamente con los presos del procés sino con otros casos como el de Juana Rivas,  una utilización política de la figura y eso no es para lo que están pensados. En el caso de los presos del procés uno de los requisitos era el arrepentimiento y escuchamos que no había ningún arrepentimiento que lo volverían a hacer…  y eso choca mucho con lo que es la propia figura. Entonces, yo como jurista, pues me dedico al derecho y no a la política, me parece que eran indultos que chirriaban mucho desde lo que es un Estado de derecho y transmiten a la ciudadanía la imagen de que los políticos tienen una especie de régimen diferente de manera que incluso si llegan a hacer condenados por una sentencia penal firme van a tener un tratamiento diferente a la del resto de los ciudadanos. Por ejemplo, estoy pensando también en el caso de Griñán donde hay mucha gente pidiendo su indulto Y esta idea de hay una élite que va por libre y tiene un tratamiento diferente o que está por encima de las leyes para los que no se cumplen las sentencias mina mucho una democracia. Aunque entiendo la idea de que pueda pacificar socialmente Cataluña se hace a cambio de cosas que son muy importantes y eso hay que saberlo. Se paga un peaje importante en términos de democracia y de estado de derecho. Y eso hay que entenderlo porque puedes decir que si los sacas a la calle no pasa nada… bueno ¡pasan cosas! Lo que pasa es que son cosas desde un punto de vista si se quiere más profundo más institucional.

“Tenemos demasiados pleitos para pocos jueces”

Si descendemos al derecho no de titular de periódico sino del ciudadano de a pie que está esperando una resolución judicial. ¿Es lenta la justicia en España? ¿Resultan las sentencias ininteligibles para el ciudadano de a pie?

Es verdad que en España tenemos una duración media de los procesos muy alta en comparación con la media de los países de la Unión Europea y tiene que ver con que tenemos pocos jueces y muchos pleitos. Hay un problema de lentitud de la justicia y eso tiene un impacto en mucha gente en asuntos (un desahucio, una hipoteca, la reclamación de una deuda…) que para ellos son importantes.

La otra cuestión del lenguaje y la inteligibilidad, sin duda puede resultar un lenguaje difícil de entender, pero estamos hablando de una técnica y para eso es el papel del abogado que entre otras cosas tiene que traducirle a tu cliente lo que ha dicho el juez y viceversa. Siempre se puede hacer un esfuerzo de comunicación pero no podemos pretender al final que el lenguaje técnico de los tribunales sea igual al lenguaje de la calle.