Sólo sirven respuestas positivas

Una hora de discurso en el Teatro de la Casa de Campo de Madrid para celebrar sus primeros 100 días de su segundo mandato. Zapatero, rodeado de los suyos, ratifica las pistas de por dónde va a ir en su segunda legislatura. Repasa las medidas tomadas y vuelve a subrayar el carácter "rosa" de su Ejecutivo: valora especialmente su Ministerio de Igualdad y el que al frente de Defensa haya una ministra. No menciona una decisión tomada por el Ministerio de Educación el 3 de julio en la que está claramente anunciado el rumbo marcado.

Ese día, el Gobierno presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un recurso contra la orden de la Generalitat que regula la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), que prevé que se imparta en inglés. Más que cualquier anuncio sobre la reforma de la ley del aborto, para convertirlo en un derecho, o de la ley de libertad religiosa, para que el poder pueda meterse en la vida de la Iglesia, en un gesto así está expresado el modo con el quiere gobernar. La asignatura de EpC ha sido el asunto que ha coagulado un movimiento más contundente de rechazo social. Tanto es así que ha conseguido que algunos gobiernos autonómicos del PP -que no tiene intención alguna de hacer oposición con cuestiones sociales como la libertad de enseñanza, el valor de la diferencia sexual o la defensa de la vida- hayan asumido como propia la demanda de amplios sectores sociales frente a la materia. Pero a pesar de la fractura social, el Gobierno no cede, no corrige, no busca fórmulas de compromiso, no acepta alternativas en aquello que considera esencial en el cambio que quiere impulsar. Ya lo decía Zapatero el 6 de julio en la intervención de clausura del 37 Congreso del PSOE: "El Cambio -en mayúscula en el original- que invocamos va mucho más allá de una mera alternancia en el gobierno. Acaso para otros el gobierno será el objetivo; para nosotros el gobierno es el instrumento. (…) El Cambio del que hablamos es la transformación de nuestra sociedad".

Cien días pues para exhibir un "poder duro" en aquellas cuestiones que se consideran programáticas. Sin miedo alguno a que la crisis las pueda poner en peligro y sin miedo a las encuestas. Según el Barómetro Expansión-Ipsos de julio, el 78 por ciento de los españoles critica la pasividad del Gobierno ante la crisis y el 65 por ciento de los votantes socialistas desaprueba su gestión. Según la encuesta de Metrocospia para El País publicada el 14 de julio, estos 100 primeros días de Gobierno han servido para que Zapatero haya perdido su margen de ventaja sobre Rajoy y la intención de voto de los dos partidos esté empatada en el 41 por ciento. Siguiendo esos sondeos, el PP insiste en hacer oposición exclusivamente económica. Y el presidente del Gobierno, que conoce bien el subconsciente colectivo de una parte importante de España, se presenta como el garante del Estado de Bienestar frente a los tiempos duros. Ése ha sido su segundo argumento en su intervención en la Casa de Campo: "el Gobierno no va llevar adelante la receta de Rajoy de hacer una reducción drástica del gasto público", porque "ya sabemos que los planes de choque siempre chocan contra los mismos: contra los trabajadores y los que menos tienen". Para los tiempos de crisis estoy yo -sugiere Zapatero-, un hombre de izquierdas que no se obsesiona con el déficit público y que si hay que gastar gasta y que no recorta derechos sociales. Para las crisis está el Estado protector que encarna la izquierda.

En la segunda legislatura de Aznar, cuando se insistía en la necesidad de recortar el gasto y mantener el equilibrio presupuestario, se formó una corriente de economistas pro déficit en el entorno de Intermoney, empresa cantera de altos cargos del Gobierno actual, de la que también participaba Miguel Sebastián. Solbes seguía en el papel de ortodoxo por aquello de que era comisario en Bruselas. Los teóricos de que un cierto superávit no viene mal son ahora los que están a los mandos. Así que en este período con toda seguridad se reafirme una tendencia que ha puesto de manifiesto los últimos datos de Eurostat. En 2006 el peso del sector público en nuestro país superó el 40 por ciento del PIB, estamos todavía por debajo de la media de la UE. Pero lo llamativo es que en los dos primeros años de la legislatura pasada, la presencia del sector público en la economía, en términos de ingresos, aumentara en dos puntos, o sea, mucho. El crecimiento lo permitía, se recaudaba mucho más. Pero también es muy llamativo que en términos de gasto, mientras en la Eurozona disminuía el peso del sector público, en España también aumentaba. Siempre habrá quien argumente que todavía estamos lejos de la media europea, pero lo cierto es que aumenta la estatalización de nuestra economía. Esto supone, en este momento de crisis, más deuda en un país de los más endeudados del mundo (tenemos un déficit comercial del 10 por ciento del PIB). Y supone, para la vida social española, más dosis del "poder fuerte", menos libertad para la creatividad y la flexibilidad que necesitamos en tiempos de recesión.

La primera legislatura puso de manifiesto hasta qué punto las soluciones sólo políticas, jurídicas o de movilización en las calles son insuficientes para responder adecuadamente al nuevo poder. No basta limitarse a analizar, denunciar y subrayar los atropellos del Gobierno. Incluso algunas reacciones pueden ser funcionales a sus intenciones, porque rápidamente quedan estigmatizadas y encasilladas como elementos de reacción. Hay algunos modos de defender valores  esenciales, apoyados de un modo ingenuo en la supuesta fuerza de las instituciones naturales y en las "mayorías" silenciosas, que acaban siendo perfectamente útiles al proyecto de ingeniería social que se está llevando a cabo en España. Tanto en el terreno educativo como en el social consiguen abrir espacios de libertad las respuestas en positivo, que no dan nada por supuesto y que se apoyan, sobre todo, en la creatividad del yo, de las personas que libremente se asocian. Ejemplo de las consecuencias de una dinámica propositiva es lo que está suponiendo el "Manifiesto por la lengua común", impulsado por el diario El Mundo. La respuesta a la destrucción de lo humano que se impulsa desde el poder no se agota con declaraciones como las que está haciendo circular el diario que dirige Pedro J. Ramírez; requiere un renovado empeño en la educación. Pero cuando se formula una propuesta, aunque sea para un aspecto particular como el español, las cosas cambian.