Sin política de inmigración, con política (anti)religiosa

Las críticas a Berlusconi -que incluso el centro-derecha español considera un bufón del que hay alejarse- le han servido para ganar puntos entre un amplio sector de la opinión pública. Criticar al Cavagliere en España es rentable. Por eso De La Vega tachó su política migratoria de xenófoba y la jovencísima ministra de Igualdad Aído le recomendó que visitara al psiquiatra.

Pero Berlusconi encaja bien y se ha fotografiado sonriente con un Zapatero que volvía a la carga: "a mí no me verán anunciado grandes reformas legislativas pero sí multiplicando la ayuda al desarrollo". Una frase que encierra alguna de las esencias del zapaterismo, que esconde una falta de proyecto. Después de que se anunciara en el primer Consejo de Ministros celebrado en Nápoles una reforma para convertir en delito la inmigración ilegal, no sabemos cómo va a quedar realmente la cosa. El primer ministro italiano, para enfado de sus socios, ya ha empezado a matizarse, a corregirse, parece que al final la condición de irregular será un agravante cuando se cometan actos penalmente relevantes. No importa. Con uno de sus artificios retóricos habituales, Zapatero opone dos realidades complementarias para situarse en el "lado bueno" del juego maniqueo que él mismo ha creado. Una política más clara para la entrada de inmigrantes y para fomentar su integración no se opone a la cooperación al desarrollo. En realidad, la mejor cooperación al desarrollo, que es una gran cosa, no soluciona ningún problema ni a corto ni a medio plazo. 

La presidencia francesa de la Unión Europea que comenzará en julio va a tener como prioridad impulsar una política común en este campo. El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Jean-Pierre Jouyet, en su reciente intervención ante los presidentes de Comisiones del Parlamento Europeo, ya ha anunciado que uno de los objetivos de la presidencia gala es el impulso de un pacto para la integración y el asilo. Sarkozy puede apostar por un contrato de integración como el que propuso Rajoy en la campaña electoral y que, según algunas informaciones, el propio Zapatero habría estado dispuesto a aceptar.

Las iniciativas del segundo semestre en la Unión obligarán al Gobierno de España a definirse. Es muy posible que contrasten con la pasividad de un Zapatero que, al encarar su segunda legislatura, no tiene propuestas claras. A pesar de la llegada masiva de inmigrantes irregulares, hasta ahora la bonanza económica no había generado roces sociales y los problemas de integración habían quedado encubiertos. Ahora la falta de trabajo para los extranjeros va a cambiar mucho las cosas. Tras la regularización extraordinaria llevada a cabo en 2005, muy criticada en la Unión Europea porque no fue coordinada, el numero de inmigrantes irregulares ha seguido aumentando de forma constante. Según las estimaciones del sindicato CCOO, realizadas en enero de 2008 y  consideradas rigurosas por los expertos, la cifra era superior al millón. El flujo migratorio no se ha controlado y el deterioro de la situación económica afecta, de un modo especial, a los extranjeros. El aumento del desempleo entre los inmigrantes, según los datos registrados en el INEM, en los últimos doce meses ha sido del 67,2 por ciento. 

El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el pasado 26 de mayo comparecía en el Congreso para presentar sus proyectos. La única novedad, el "retorno voluntario", anticipada por Zapatero en el debate de investidura. Los inmigrantes legales que se queden sin trabajo van a poder cobrar por anticipado las prestaciones por desempleo si se comprometen a marcharse. Los efectos de una fórmula de este tipo son dudosos. El Informe Quota Research ha puesto de manifiesto que el 64 por ciento de los inmigrantes se quieren quedar en España. Corbacho, como Rubalcaba, el otro ministro competente en la materia, ha anunciado modificaciones en la Ley de Extranjería. De momento, lo que sabemos es que se va a ampliar el tiempo de retención de los inmigrantes ilegales para facilitar su repatriación, que en este momento es de 40 días. Es una decisión que ya ha tomado la Unión Europea y que está pendiente de ratificación. No hay mucho más. Salvo la anunciada reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con la que el Gobierno quiere "igualar" el trato de las diferentes confesiones religiosas para relativizar el valor social del catolicismo e impulsar el multiculturalismo. Sería una solución muy "zapateriana": mientras Sarkozy impulsa un compromiso de los extranjeros con los valores de Europa, España relativa el valor de la tradición cristiana como elemento de integración.