Seguimos bailando la Yenka en la política educativa

La firma a mediados de abril del PSOE de Pedro Sánchez con algunas organizaciones de la comunidad educativa (los mismos de siempre) de un “Acuerdo de compromiso programático con la Comunidad Educativa” (ellos con mayúsculas, por supuesto) nos introduce sin sorpresas en un nuevo episodio de lo que es la política educativa en España: ahora toca la Contrarreforma.

El primer compromiso consiste en derogar la LOMCE, detener su implantación y… ¡¡¡una nueva ley educativa!!! ¿Alguien recuerda el proceso emprendido por el primer gobierno de Zapatero tras ganar las elecciones de marzo de 2004, que empezó paralizando la aplicación de la LOCE de Pilar del Castillo en mayo de ese año, y la aprobación de la LOE de la señora San Segundo dos años después?

Parece increíble, pero es cierto. Volvemos a las mismas. Pretenden “construir la educación desde el diálogo”, pero de entrada renuncian a un Pacto General y convocan solamente a sus organizaciones afines. ¿Pueden los ciudadanos entender esta situación como positiva para los intereses generales del país en este momento? ¿Son conscientes los dos grandes partidos que han gobernado España del daño que se hace una y otra vez a las familias, al alumnado, al profesorado, a los centros y a nuestra credibilidad en Europa y en el mundo con este pulso absurdo y permanente?

A estas alturas, en nuestro país todos sabemos que los modelos educativos de PSOE y PP quieren ser irreconciliables. Las propuestas sobre educación recogidas en sus programas tienen un fuerte sesgo ideológico, y esta situación bloquea e impide las posibles soluciones a los problemas que tiene planteado el sistema. Seguimos bailando la yenka con la política educativa, que es política de Estado, en un ejercicio de irresponsabilidad que solo contribuye al descrédito de la política, a la desconfianza sobre los políticos y a extender la sospecha, muy generalizada ya, de que aquí hay tomate y de que todos los que protagonizan estos episodios lo hacen por un interés propio.

El documento firmado no tiene desperdicio. Es el gazpacho tradicional de la receta de la izquierda educativa, adornado ahora con una importante dosis de buenismo social más algunas reivindicaciones sindicales razonables. Empezamos por “recuperar y ampliar el sentido constitucional del derecho a la educación y reforzar el compromiso con la educación pública garantizando una oferta suficiente de plazas públicas entre los 0 y los 18 años”; por supuesto, perpetuando el agravio a la escuela concertada, que debería contar con la misma gratuidad que pretenden para los centros públicos y en el mismo tramo de edad, desde los 0 a los 18. Adiós a la complementariedad de redes y a cualquier posibilidad de pluralidad en las escuelas.

Seguimos con la “igualdad de oportunidades”, pero a gusto de los firmantes. Aparecen algunas perlas destinadas a la escuela concertada, aunque sin mencionarla, como la supresión de cualquier “copago por parte de las familias” (¿por fin garantizarán una financiación suficiente?), o un posible refuerzo de la actual zonificación para limitar la capacidad de elegir centro cuando afirman que “los criterios de escolarización deben favorecer que el alumnado pueda acceder a los centros más próximos a su entorno familiar”.

Y terminamos con el debate agotador sobre Religión y Educación: “Defendemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas”. O sea, una vez más sin contar con la opinión mayoritaria de los padres que eligen esta asignatura año tras año.

En este continuo tejer y destejer, cobra fuerza la analogía de nuestro sistema educativo con la figura del cesante, una de las más típicas y lamentables del siglo XIX español. El cesante era el funcionario que, según quien gobernase, era cesado en sus funciones o recuperaba su puesto en la Administración pública. En el tema que nos ocupa, lo que cesan y se despiden son las ideas y los posicionamientos educativos, siempre bajo la capa protectora del poder que les da aliento.

Como suele ser habitual, de educación se sigue hablando poco. O mejor dicho, se habla demasiado. Como afirmaba Foucault, existe un discurso normativo, también sobre educación, cuyos verdaderos problemas no se ocultan por la represión y el silencio sino por la sobreexposición y la escenificación. Es genial su intuición de que, para no hablar de algo, hablemos sin parar de ello.

El mundo de la educación está constituido por elementos sobradamente conocidos, sobre los que hay mucho escrito y desde todas las perspectivas posibles. Por ello, es muy difícil encontrar alguna novedad cuando se habla de educación. La correlación de fuerzas políticas, la negociación entre los intereses en juego en cada ámbito y espacio geográfico determinarán los resultados: las políticas educativas. Es un gigantesco exoesqueleto institucional donde el rasgo común de la mayoría de sus integrantes es que ninguno enseña en un aula de un colegio o instituto, ninguno toca el hecho educativo.

Afortunadamente, por debajo de este nivel de instituciones y de foros están los centros, los profesores, el alumnado y sus familias. Y el día a día de la educación a pie de obra, un gigantesco universo muy activo donde se hace un gran trabajo, donde se toman infinidad de decisiones acertadas y donde su verdadero protagonista, el profesorado, hace magia a menudo para armonizar lo que le dicen que tiene que hacer, con lo que realmente sabe que debe hacer.

Antonio Amate es secretario general de la Federación de Enseñanza de USO