Reforma educativa: hay que negociar más

Entre todas las decisiones que puede tomar un Gobierno para efectuar una intervención verdaderamente valiosa en el presente y el futuro de la sociedad a la cual sirve, pocas tienen una trascendencia mayor que una reforma educativa.

El Gobierno de España ha querido llevarla a cabo haciéndose eco del clamor social que, por primera vez, considera a la educación una de las máximas preocupaciones y prioridades. Ahora bien, esta reforma que se inicia debe ser profunda, meditada, elaborada con calma e, inevitablemente, con diálogo. Lo peor que puede suceder a los jóvenes españoles es que sea simplemente una reforma más.

Durante décadas, la educación española se ha considerado patrimonio de una sola ideología. Los efectos de este error están en los informes internacionales y en la realidad cotidiana de las aulas. Por eso no podemos correr el riesgo de que, a partir de ahora, se considere patrimonio exclusivo de otra. No se trata de despojar a la educación del componente ideológico sino de encontrar qué hay en común en todas las ideologías democráticas en lo referente al sistema educativo: la preocupación por el fracaso escolar, por el abandono temprano, por la calidad y motivación de los docentes, por la gestión responsable de los recursos, por el nivel de excelencia y preparación de los alumnos al final del periodo escolar. Sobre ellas debe incidir el peso de la reforma educativa. Lamentablemente, la educación por sí sola no podrá solucionar problemas que provienen de un modelo de Estado caduco, o de cesiones políticas irresponsables. Por eso, convertirla en ariete no soluciona los problemas profundos y solamente la desgasta más aún.

El segundo borrador del Anteproyecto de la LOMCE contiene importantes mejoras pero no es todavía la reforma global y profunda que necesita el sistema educativo. Entre sus aspectos positivos cabe destacar: el incremento de la autonomía de los centros, el mayor peso del claustro de profesores y el refuerzo de materias troncales. También la mayor flexibilización del sistema, la revitalización del aprendizaje profesional, la posibilidad de obtención del graduado en ESO desde la FP Básica. Es positivo que se equilibre la enseñanza de la Religión con una alternativa, por supuesto que sí. No lo es, sin embargo, que se recurra a pagos externos para garantizar el cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional. Si es un derecho, debe serlo también para quienes no viven en áreas urbanas y por tanto su posibilidad de elegir centro se circunscriba a la oferta de la enseñanza pública.

Y esta es la piedra angular que el Gobierno no puede olvidar. La enseñanza pública es la única que puede llegar a todos los lugares y a todos los alumnos para garantizar el derecho constitucional a la educación. Por eso, en promedio de cifras, es mucho más cara. La pagamos entre todos para que todos sin excepción podamos ser sus beneficiarios. No es justo el debate que contrapone las redes educativas. ¿De verdad es bueno para España despojar de oportunidades a los niños que vivan en lugares donde no sea económicamente rentable la implantación empresarial?

Vamos a hablar de educación. Vamos a pactar, a negociar, a ceder en lo superfluo, a defender lo esencial. Hasta ahora el Ministerio no nos acerca al consenso de mínimos imprescindible para dar estabilidad al sistema educativo de cara al futuro. No hay prisa. Esta tiene que ser, por fin, La Reforma Educativa.