¿Quién debe prestar los servicios públicos?

Los españoles llegan a las próximas elecciones del 26 de abril agotados por una campaña electoral que empezó en 2015 y que no se termina nunca. En realidad las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, por las transferencias de competencias, son, en cierto modo, las más importantes. Deciden las políticas que más influyen en la vida cotidiana. Pero las agendas de los partidos están dominadas por reposicionamientos, tras la aparición de la quinta formación con peso significativo en el panorama nacional (Vox). Todo es búsqueda de una posición táctica, quizás estratégica, que proporcione una determinada imagen.

El debate sobre cuestiones concretas se ha dejado de lado. Y por eso no se ha producido una discusión seria sobre las ventajas y los inconvenientes que tiene la prestación de servicios públicos regionales o locales por la propia administración o a través de empresas privadas y/o entidades del tercer sector.

Si, por casualidad, aparece la cuestión, se zanja rápido. En cierto modo es lógico, teniendo en cuenta la historia reciente y la falta de parámetros válidos para examinar quién está prestando mejores servicios.

Hace cuatro años los que se autodenominaron “ayuntamientos del cambio”, los formados por Podemos y sus confluencias (con un fuerte sesgo de izquierda), dijeron que llegaban a hacer una nueva política municipal basada en la “renacionalización” de los servicios y en un incremento del gasto. Los datos de los que disponemos reflejan que esos ayuntamientos han gastado lo mismo que los ayuntamientos de la izquierda y de la derecha tradicional. Es lo que dice el Observatorio de Servicios Urbanos. Los gastos en becas y ayudas a comedor y conciliación son muy similares. A gestión de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado y otros servicios, los Gobiernos ´tradicionales´ dedican 153 euros/habitante de media anual frente a los 151,63 de los Gobiernos municipales de izquierda-izquierda.

Hay motivos para que ciertas formas de externalización de los servicios generen suspicacias. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia avisó en 2015 de que, en algunos casos, los contratos públicos para la prestación de servicios sufrían un encarecimiento del 25 por ciento. A diferencia de lo que sucede en Alemania, Austria o Italia, la debilidad del Sector No Lucrativo provoca que algunos servicios sociales, como el de la atención a la dependencia de algunas Comunidades Autónomas, hayan sido adjudicados fundamentalmente a empresas y no a cooperativas o a entidades sin ánimo de lucro. El caso de Andalucía es ilustrativo. En los años 90, los servicios públicos concertados con cooperativas sociales, según algunas fuentes, representaban el 60 por ciento, y ahora ya son solo el 2 por ciento. Las empresas suelen tener más capacidad para hacer mejores ofertas económicas. Y no se puede pasar por alto que, en algunos casos, la externalización supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo y no necesariamente una mejora de la calidad.

En el caso de la educación, donde existe un sólido sistema de conciertos, los adjudicatarios, según algunos estudios, deberían corregir una posible segregación económica provocada por la enseñanza. No sirve oponer a la ideología estatalista una ideología liberal que, sin datos, y sin comprobar resultados, exalte como valor casi absoluto la externalización porque, en principio, sustituye el monopolio del Gobierno, promueve la eficiencia mediante la competencia, y ofrece a los ciudadanos una mayor elección en un contexto de mercado. “Nos encontramos con argumentos teóricos a favor y en contra de la privatización en la provisión de servicios públicos, y los resultados empíricos no son concluyentes”, señala el profesor Zafra-Gómez, de la Universidad de Granada, que ha estudiado la cuestión.

Mientras llegan esos resultados empíricos, por lo menos, podemos estar sobre aviso de algunos relatos altamente ideologizados. En España no existe un modelo indiscutido para valorar qué Comunidades Autónomas ofrecen mejor sanidad. Es una cuestión esencial no solo para saber cómo vivimos, también ayudaría a mejorar el modelo de financiación regional (cuya reforma está congelada desde hace años). Se da por buena la evaluación que hace la Plataforma para la Sanidad Pública que considera necesariamente un mal indicador que las Comunidades Autónomas hayan recurrido al sistema de conciertos para la gestión de los hospitales. La realidad es más compleja. En el sistema sanitario conviven, fundamentalmente, cuatro tipos de hospitales: los gestionados directamente por la administración, los gestionados por la administración a través de una fundación pública, los concertados con una entidad sin ánimo de lucro o con una empresa. Los tres últimos, según uno de los pocos estudios que se han hecho en este campo (“Análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión”) son los más eficientes.

Un grupo de profesores, vinculado al socialismo tradicional, publicaba hace unos meses el libro “Servicios públicos e ideología: el interés general en juego” (2017). En el volumen subrayaban la conveniencia de distinguir privatización de externalización de servicios, algo que es plenamente constitucional. Tras las tormentas ideológicas, destacaban el valor de la gestión indirecta. La modificación en España de la ley de contratos de 2017, para acoger las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24, ha supuesto que se abra la puerta a la prestación de servicios a través de conciertos sociales sin recurrir a las formas de contratación tradicionales. Hay todo un mundo por debatir, medir, explorar y concretar en el campo de la subsidiariedad práctica.