¿Qué pueden hacer los gobiernos autonómicos a favor de la cultura de la vida?

Hoy día las Administraciones autonómicas en España tienen competencias de gran relevancia para atacar o reforzar una cultura de la vida en España. Es obvio que las CCAA no tienen competencia para definir el marco legal de las prácticas abortivas, pero también lo es que cuentan con un amplio elenco de títulos competenciales cuyo sensato ejercicio puede coadyuvar a recrear una recta preocupación por la vida y a evitar abortos, ayudando así a reconstruir la "cultura de la vida". Esas mismas competencias, mal usadas, pueden incentivar el aborto y las conductas que lo hacen posible. De ambos supuestos tenemos ejemplos acreditados en España.

Por poner un ejemplo, la pasada legislatura autonómica fue testigo de cómo siete CCAA (cinco gobernadas por el PP, una por el PSOE y otra por una coalición CC-PP) aprobaron y empezaron a desarrollar la iniciativa legislativa popular promovida por el Foro de la Familia de protección a la mujer embarazada para crear una "RedMadre" de solidaria atención a las mujeres con riesgo de aborto y exclusión social a causa de un embarazo imprevisto en circunstancias difíciles. Por el contrario, otras cuatro CCAA rechazaron esa misma iniciativa a pesar de contar con las firmas exigidas por la respectiva legislación regional para su tramitación y aprobación. Es decir, en unas CCAA las mujeres reciben el mensaje de que su apuesta por la maternidad cuenta con el apoyo público y que no están solas ante sus problemas y en las otras se ven abandonadas y abocadas al aborto por una presión ambiental muchas veces brutal.

Otra competencia fundamental de las CCAA de gran relevancia para la cultura de la vida es la de educación. En algunas CCAA hemos sido testigos de cómo la  Consejería de Educación se ha empeñado en introducir en la escuela una falsa educación sexual hecha de promoción de la promiscuidad, las relaciones homosexuales, la masturbación, el magreo o sobeo, la fobia a la maternidad, la banalización del aborto, la mentalidad anticonceptiva y una sexualidad reducida a algo puramente genital, placentero y externo a la persona. Por el contrario, en otras CCAA, las consejerías -al menos- se han abstenido de entrometerse en terreno propio de la libertad de educación constitucionalmente reconocida a los padres.

Muchos Ayuntamientos y CCAA han destinado ingentes fondos públicos a financiar materiales para la educación afectivo-sexual, gratuitamente distribuidos en los centros escolares, que son una vergüenza antropológica, una depravación sexual y una invitación asquerosa a la autodegradación. Muchos Ayuntamientos y CCAA han facilitado el acceso a los centros escolares de las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales para impartir charlas y talleres acordes con la visión de la sexualidad de la ideología de género militante al margen del conocimiento y el consentimiento de los titulares del derecho a educar.

Como se puede apreciar, las competencias educativas pueden ser usadas por las CCAA para reforzar a los padres como educadores en libertad, o para sustituir su libertad por las ideologías de los gobernantes. Lo mismo se puede decir de la política autonómica sobre conciertos, zonificación, etc: puede cada CA aumentar la libertad del sistema o restringirla seriamente con consecuencias de inmensa trascendencia en la capacidad de las familias para ser eficaces transmisoras de la cultura de la vida o no.

Si repasásemos con detalle las competencias autonómicas -y locales- en materia de servicios sociales, tasas y precios públicos, inmigración, dependencia, tercera edad, tributos, vivienda, cultura, subvenciones, contratación pública, transportes, relaciones laborales, sanidad, etc, etc… comprobaríamos que desde una CA -o desde un Ayuntamiento- se puede ayudar a reconstruir una cultura de la vida desde múltiples frentes o, al contrario, coadyuvar al proyecto de reingeniería social antifamiliar del seudo-progresismo laicista de género obsesionado con la fobia a la vida.

Nos corresponde a todos nosotros, a los ciudadanos sin poder teórico alguno, aportar ideas a los gobernantes, sugerir políticas positivas, denunciar los ataques a la libertad y a la vida, crear opinión y sensibilidad social provida y profamilia, influir en la opinión pública, incidir en el voto, ayudar a las familias a ejercer sus derechos, suscitar ámbitos crecientes de responsabilidad familiar, asociarnos para ser más eficaces, etc. Debemos exigir a los políticos su responsabilidad, pero ejerciendo la nuestra.