¿Qué libertad educativa en Andalucía?

España · Ignacio Alameda
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18 mayo 2010
En el mes de abril, tuvo lugar en Sevilla la presentación del libro Libertad de enseñanza y concierto educativo, un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al respecto. El autor es el abogado sevillano Jesús Muñoz de Priego. Este asesor jurídico de la Congregación de Salesianos narra en el preámbulo cómo todo este cuerpo jurisprudencial surge por la decisión firme de algunos titulares de centros de afrontar la defensa de sus derechos frente a ese gigante que es la Administración pública. Este conjunto comentado de sentencias sirven para atestiguar cómo existen mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico para librar la batalla a favor de un bien tan preciado como la libertad efectiva de enseñanza por muchas que sean las arbitrariedades del poder. Lo que hace falta son personas que den un paso adelante y salgan a la intemperie.

Entre los lugares comunes de la ideología oficial de la Junta en materia de educación, uno de los aspectos más relevantes es el discurso de alabanza a la escuela pública unido a la sospecha sobre la escuela de iniciativa social. 

Además de la hipocresía que supone sostener esto sobre la tarima del mitin y enviar en septiembre a tus hijos a un concertado, como es práctica común entre nuestros prebostes, la hostilidad no se ha reducido al ámbito del debate intelectual o al marco legislativo, ya de por sí bastante restrictivo. Se ha hecho un esfuerzo político unilateral por incrementar las plazas en centros públicos, haciendo oídos sordos a la demanda social de escuela concertada expresada en las solicitudes de admisión desatendidas por muchos centros año tras año. Salvo en educación infantil, no se han concedido conciertos nuevos en enseñanza obligatoria en lustros, salvo alguna exótica excepción. En el año 97, en la negociación por la firma del Acuerdo de bases por la enseñanza en Andalucía, se fijó el compromiso de respetar la relación existente entre enseñanza pública y concertada, informándose de que la proporción era 25% concertada, 75% pública. En pocos años, la primera cifra ya se había reducido por debajo del 18%.

Muñoz de Priego detalla otras maneras frecuentes para constreñir de facto el ejercicio de este derecho además de la denegación del concierto a nuevos centros o a nuevas unidades. Para reducir la oferta ya existente, la Consejería se inventó y aplicó sin ningún respaldo jurídico un "criterio de linealidad" con el objetivo de que no hubiera en un mismo centro más líneas en ESO de las que existan en Primaria, con la consecuencia de la reducción de unidades previamente concertadas.

Finalmente, en lugar de dotar de autonomía y flexibilidad a los centros, también han entorpecido la capacidad de los mismos para desarrollar su ideario con sus reiteradas ingerencias en aspectos tan dispares como la admisión de alumnos, la selección y despido del personal docente o la normativa sobre el calendario o la jornada escolar.

Un inspector conspicuo, ante la ira de los numerosos padres que este mayo trinan por no tener plaza, les ha recomendado que se pongan manos a la obra para investigar el fraude de los ya admitidos. Se volverán a repetir las escenas de detectives, policía, cámaras ocultas y demandas a las que estamos acostumbrados. Ni un ápice de exageración.

¿Cómo no vincular estas restricciones a la pluralidad de la oferta en la enseñanza con la reducción de la calidad de la misma en la Comunidad con más desempleo, mayor tasa de fracaso escolar -según un reciente estudio de USO- y peores resultados en los informes Pisa -datos 2006-?

Menos mal que nos queda Portugal. El portugués, ha afirmado nuestro presidente Griñán dejándonos estupefactos a la inmensa mayoría, será la segunda lengua extranjera en la escuela. ¡Qué beneficioso resulta su dominio en el Cabo de Gata!

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