Presunciones

Hasta hace unas semanas Sánchez seguía defendiendo la llamada de “ley del sí es sí”. Después de casi 300 revisiones de condenas ahora sí está dispuesta a modificarla. Estamos en año electoral. Podemos se niega. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia advirtieron de los serios defectos que tenía el proyecto de ley y de sus posibles consecuencias. Pero el Gobierno no quiso hacer caso a los avisos de los órganos consultivos. El Gobierno quiso que el Tribunal Supremo y los fiscales taponaran el hueco abierto en el ordenamiento. Era imposible. Es imposible. El daño está hecho, todos los que cometan el presunto delito antes de que entre en vigor la reforma de la reforma se van a beneficiar de una posible rebaja de las penas. ¿En qué va a consistir la reforma de la reforma? Parece que se trata de volver de alguna manera a la distinción entre agresión sexual y abuso sexual. Podemos no acepta la modificación de los tipos penales, que sería una buena solución. Pero Irene Montero, que todavía sigue siendo ministra, dice que también es innegociable el tratamiento del consentimiento. Si la política española fuera normal Montero ya estaría fuera del Gobierno. Montero no dimite y Sánchez no la puede echar.

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El asunto del consentimiento es una barbaridad jurídica. La inocencia se presume hasta que no se demuestre lo contrario. La ley del sí es sí ha acabado como este principio. El acusado por un delito sexual tiene que demostrar que hubo consentimiento expreso para mantener relaciones. Lo normal es que quien acusa demuestre que se mantuvieron relaciones no consentidas. Esta aberración jurídica se alimenta de un presupuesto ideológico. Siempre hay que presumir la inocencia menos cuando el acusado es un hombre. Esta ideología presupone que la mujer es víctima, víctima en las relaciones sexuales. Y como todas las mujeres son víctimas es necesario demostrar que has consentido las relaciones sexuales. La mujer es presunta víctima y el hombre, por ser hombre, es un presunto culpable. Son los efectos nocivos en el ámbito penal de una política de identidad.

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