Otro curso más, pero arrastrando todos los problemas heredados

Iniciamos otro curso escolar con importantes novedades. La LOMCE avanza en su implantación en la Enseñanza Secundaria como lo hizo en todo lo demás: de manera bronca y tormentosa. Zarandeada y lesionada por el empecinamiento político e ideológico. Tampoco hay que olvidar las debilidades propias de su diseño defectuoso, la difícil coyuntura en la que ha nacido y, desde siempre, el flaco favor que le ha hecho el talante huraño de sus progenitores. En estas primeras semanas de septiembre camina como alma en pena y con diversa suerte según el signo político de las Comunidades por las que transita. Ahora, después de las elecciones de mayo, la mayoría hostiles o muy hostiles. Y además, por si fuera poco, veremos cómo este primer trimestre será monopolizado completamente por las citas electorales pendientes: todo sucederá en clave electoral.

El nuevo gobierno del año 2016, sea cual sea, tendrá que acometer nuevas reformas legales para enmendar el desaguisado actual; la última Conferencia Sectorial presidida por Méndez de Vigo apunta en esa dirección. O bien volver a poner más parches a la LOE (eso es la LOMCE, un mal parche), o como promete la izquierda política, un órdago mayor si la aritmética parlamentaria lo permite. En definitiva, un lío.

Lo que es totalmente inaceptable y desatinado es el fraude que algunos partidos políticos y Gobiernos autonómicos están haciendo a los ciudadanos disfrazando el hiato entre lo legal y lo legítimo como democrático para no decir la verdad: no les gusta la Ley y no quieren cumplirla. Y eso ni es democrático ni debería ser opinable. Además de los muchos males económicos y sociales que padecemos, estamos presenciando muchos signos de decadencia por falta de grandeza de ánimo y un mínimo nivel humano y de competencia en personas ejecutivas que asumen grandes responsabilidades en todos los ámbitos, especialmente en el político, y particularmente en el educativo. La enseñanza es una actividad delicada como pocas, que tiene que desarrollarse en un clima con un mínimo de serenidad y sosiego, con claridad y unidad de criterios en toda su cadena de decisiones, desde el ámbito político hasta las aulas. La gran confusión que estamos viviendo los últimos meses está haciendo ya un daño importante a sus beneficiarios, que son el alumnado y sus familias.

Es notable y sorpresivo también el giro radical que ha experimentado el Ministerio de Educación desde la llegada de Méndez de Vigo y la salida esperpéntica del ministro Wert. La recuperación de la voluntad de diálogo político y de un tono conciliador y pragmático eran necesarios, aunque el tiempo de juego que le queda a la legislatura es muy corto y con un balance donde hay demasiadas sombras: fracaso en la propuesta del Bachillerato de tres años, recortes presupuestarios muy agresivos (RD 14/2012), reforma universitaria 3+2, y la LOMCE pendiente de un hilo. Pero a modo de resumen sí que me gustaría destacar cuál ha sido, en mi opinión, el principal daño que ha hecho Wert a la educación, y que queda ahí como herencia maldita: algunas propuestas pedagógicas y de carácter organizativo que eran positivas, han resultado muy dañadas dentro de la amalgama reformista de estos tres años y medio por un planteamiento defectuoso y una gestión muy deficiente. Y costará recuperarlas por el sambenito de la LOMCE.

Por ejemplo, el rediseño de la evaluación en las diferentes etapas, o la flexibilización de la comprensividad de la ESO, o los tímidos avances en la complementariedad de las redes educativas y de la libertad de enseñanza. El Bachillerato de tres años con todas sus consecuencias (3+3 con concierto generalizado). La apertura de un debate más profundo sobre los objetivos académicos de las diferentes etapas, sus contenidos y sus prioridades, sobre las metodologías, sobre la flexibilización de los itinerarios educativos, la atención a la diversidad, el bilingüismo, seguir profundizando sobre el papel renovado de una mejor Formación Profesional, etc.

En clave electoral, como dije antes, se han derogado algunos aspectos del Decreto 14/2012 que tenía como objetivo reducir el gasto educativo sobre las espaldas de los profesores. Es de agradecer que la ratio alumno/aula vuelva a sus valores normales, o que la tasa de reposición en la escuela pública se haya fijado en el 100%.

Pero mientras estábamos entretenidos con esto, hay que recordar que el gran problema sigue ahí: el Gobierno ha eliminado apoyos, desdobles, no ha sustituido profesores, ha aumentado las horas lectivas… Y se ha obrado el milagro: la plantilla de profesores se ha reducido drásticamente.

Es particularmente sangrante en la enseñanza concertada el problema endémico de las sustituciones. Aquí las plantillas son menores y las jornadas lectivas mucho más sobrecargadas. Hubiera sido muy de agradecer la supresión del límite de los 10 días lectivos, que se puede traducir en más de tres semanas, para poder hacer una sustitución por incapacidad transitoria; y en algunos casos nunca se llega a producir. Este es un elemento muy dañino sobre todo para la calidad de la enseñanza, para la atención del alumnado, y que altera gravemente la vida de los centros educativos y crea innumerables tensiones laborales.

También siguen produciéndose a estas alturas graves discriminaciones salariales entre el profesorado de la enseñanza pública y la concertada. Los recortes efectuados a los docentes de la escuela pública se trasladaron inmediatamente a los de la concertada. Tanto en el año 2010 como en el 2012. Sin embargo el Gobierno, en un ejercicio de populismo similar al que critica duramente en todas sus comunicaciones, se lanza a publicitar a los cuatro vientos la reposición parcial de la famosa paga extraordinaria de 2012 suspendida para los empleados públicos y ¡se olvida lastimosamente de los más de 100.000 profesores de la escuela concertada!, pues los presupuestos del año 2016 no tienen ninguna partida habilitada para ello. El Gobierno debe rectificar urgentemente esta brutal injusticia mientras el trámite parlamentario de aprobación de los PGE lo permita.

El profesorado sigue siendo el principal protagonista del proceso educativo y no se merece el trato recibido estos años. Ahora es más preciso que nunca dar estabilidad a los claustros, debatir con más sosiego las cuestiones controvertidas, facilitar al máximo el trabajo en las aulas, la vida laboral en los centros. Recuperar un clima de diálogo y de debate serio y constructivo que ponga en primer plano al alumnado y a las familias y no otros intereses. El ministro Méndez de Vigo declaraba hace poco que por la calle los ciudadanos le pedían un pacto escolar. Después de casi tres años y medio de legislatura en clave de monólogo autista, llama la atención que ahora vuelva a aparecer, quizá por agotamiento, la solución más elemental al perenne conflicto educativo: alcanzar un acuerdo básico sobre las cuestiones de la educación imprescindibles, un mínimo común múltiplo que no debe cuestionar el gobierno de turno para hacer realidad que todas las familias, de todo el espectro ideológico, tengan opciones educativas gratuitas a su alcance, que puedan satisfacerlas razonablemente, y al medio o largo plazo que necesita la larga vida escolar de sus hijos sin sobresaltos continuos.

Antonio Amate es secretario general de FEUSO