Once millones de rehenes de Tardà

Tardà ha intentado explicar que sus palabras no eran un ataque personal contra Don Juan Carlos sino contra la monarquía. Esa aclaración es muy reveladora. Lo importante de lo que ha ocurrido no es que un representante de la soberanía popular cuestione la forma del Estado. Tardà, al poner en cuestión la monarquía parlamentaria, no pone en cuestión sólo a una persona o una forma jurídica sino un patrimonio de evidencias  compartidas que durante 30 años han fundamentado nuestra unidad.

Pero no es un bicho raro. También La Sexta, la cadena de televisión de los amigos de Zapatero, ha estado en los últimos días en sus programas de máxima audiencia haciendo mofa de la Constitución. La pretensión de disolver todo el patrimonio común de las tres últimas décadas no es sólo cosa del nacionalismo radical, es lo característico del  zapaterismo. La Constitución, que ahora cumple 30 años, es expresión jurídica de que hay más cosas que unen a los españoles de las que nos separan. En 1978 supimos darnos un instrumento jurídico que expresa la voluntad de unidad y de superar viejos enfrentamientos históricos. Nuestra Carta Magna no es un texto perfecto pero sí plasma el deseo de una convivencia pacífica y en libertad en la que derechos fundamentales como el de la vida, la libertad religiosa y la libertad de educación están adecuadamente tutelados. Algunas de sus regulaciones pueden necesitar reformarse, pero el espíritu que la inspiró, que es el de la Transición, sigue siendo un referente no superado por el tiempo. Y sin embargo, el Gobierno parece interesado en alimentar una dialéctica de enfrentamiento en muchos campos.

La sociedad española tiene la responsabilidad de preservar el espíritu constitucional que tanto fruto ha dado, es una responsabilidad que afecta de modo transversal a todas las instituciones y a todos los ciudadanos, sean de la ideología que sean.