Ocurrencias en tiempos de crisis

El martes nos despertamos con dos millones y medio de parados en los servicios públicos de empleo. Nunca antes desde que existe la serie histórica reciente el mes de agosto se había comportado peor. El ministro avanza que el INEM va a entrar en déficit debido al coste de las prestaciones para los desempleados. La estabilidad presupuestaria peligra, pero se vuelve secundaria para Corbacho.

Una vez más la construcción lideraba el aumento, y a ella se unían la industria y los servicios. El ladrillo prosigue su calvario sin ningún reemplazo a la vista. A falta de cualquier dato positivo que ofrecer, Trabajo programa para el miércoles una nueva cita con los agentes sociales. Después de la foto del 29 de julio entre Zapatero, Fidalgo y Méndez, la apodada comisión de seguimiento del Diálogo Social parece que va a estudiar cómo recolocar a los parados. La pregunta al ministro parece obvia. ¿Cómo piensa el Ejecutivo recolocar a los parados de la construcción si en el resto de sectores se está también destruyendo empleo? El Gobierno no tiene respuesta.

En la reunión sólo han visto que es necesario revisar todos los programas de empleo -incluso los que ha anunciado más recientemente- "para ponerlos a cero". Es decir, con un 25 por ciento más de desempleados en los últimos doce meses, el ministro venía a reconocer que aún no han vislumbrado ninguna solución al problema.

Al final de la rueda de prensa, ya con todas las preguntas de las periodistas formuladas, a Corbacho alguien de su departamento le pasa un papel. Afirma que la contratación de inmigrantes se va a eliminar en 2009. No se puede contratar fuera, afirma, con dos millones y medio de desempleados dentro. Lo que había sido un aparente descuido se convierte en un nuevo frente para Trabajo. Asociaciones de inmigrantes, empresarios y sindicatos han preguntado de forma retórica al Gobierno si va a encontrar trabajadores nacionales dispuestos a hacer las tareas de difícil ocupación, esos puestos de trabajo para los que en 2004 y con el ciclo económico en bonanza abrió las fronteras. Las organizaciones sociales también le han advertido que la decisión va a traer más inmigración ilegal. ¿Qué piensa hacer ahora con las personas que están formándose en su país de origen con las promesa de un futuro mejor aquí? Va a ser muy difícil frenar su llegada, responden las asociaciones.

De las medidas que adopte el Gobierno en la coyuntura económica va a depender el tiempo de duración de la crisis. Como recordaba la semana pasada el profesor José Barea en Cinco Días, sólo si el Gobierno actúa inmediatamente sobre los factores que influyen en la productividad, cambiando su marco de regulación o con una reforma del gasto público podríamos empezar a salir en un plazo de tres años. Si no, la experiencia de Japón -sin crecimiento durante diez años- puede revivirse en España.