Nuevos retos, nuevas soluciones

El nuevo curso escolar se inicia con la novedad del arranque de la implantación de la nueva Ley de Educación (LOMCE), con la publicación del informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2014”, y con una nueva reedición del debate educativo sobre los viejos y polémicos temas que nunca se resuelven y que llegan a la opinión pública cuando se utilizan para avivar la lucha política de las organizaciones y partidos: financiación, redes pública-concertada, la asignatura de religión, la coeducación, etc.

La LOMCE es una realidad. Valoraciones aparte, ahora toca aplicarla de la mejor manera posible y adaptar la organización interna del sistema educativo y de los centros a sus nuevos requerimientos. También es cierto que debería hacerse con el menor número posible de daños colaterales. En este momento, las Administraciones Educativas tienen la principal responsabilidad. El profesorado, una vez más, vuelve a ser la pieza clave para el éxito de los cambios que se proponen, aunque sigue siendo el primer sufridor de todos ellos y hasta el momento las organizaciones sindicales hemos participado en todo el proceso de la reforma educativa como meros convidados de piedra. La nueva Educación Primaria ya está aquí, y también la nueva Formación Profesional Básica. Salvo sorpresas inesperadas, no parece que el tránsito de la antigua a la actual Primaria vaya a ser especialmente traumático, aunque los plazos con los que han contado las Administraciones para llevar a cabo sus tramitaciones legales y organizativas han sido muy ajustados. El rol de la FP Básica es todavía una incógnita que se irá desvelando en el transcurso de estos primeros cursos, pues su ensamblaje con la nueva Enseñanza Secundaria está todavía por llegar y éste es, sin lugar a dudas, su principal escollo y el debate  estrella sobre la segregación del alumnado.

En este momento, es más necesario que nunca el diálogo y la negociación entre las Administraciones y el profesorado. Rechazamos la decisión unilateral de algunas Comunidades, como es el caso de Andalucía, que están aprovechando la ocasión para hacer sus ajustes políticos en la reducción  del horario de la asignatura de religión y condenando al desempleo a gran parte de los profesores que la imparten. El Ministerio de Educación debería convocar con urgencia las Mesas Sectoriales de la enseñanza pública y de la concertada contempladas en el Artículo 2bis de la LOMCE. Queda mucha tela por cortar en el nuevo diseño de la ESO, del Bachillerato y de la Formación Profesional, y la negociación con las organizaciones sociales es imprescindible para que en los próximos cursos académicos no se produzca un sálvese el que pueda o un vaivén de improvisaciones y que cada Comunidad se las componga lo mejor que quiera y pueda. Al final, no lo olvidemos, son los docentes quienes están en las aulas y quienes tienen que hacer el trabajo, y las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la mejor educación posible, pues en eso consiste al final esto de la enseñanza.

Hay que hablar de financiación, de recursos materiales y humanos, de los conciertos educativos, de las órdenes de titulaciones, de la formación  inicial y permanente del profesorado, de habilitaciones, de ratios… En definitiva, hay que hablar del presente y del futuro. Hay que transmitir un liderazgo y una confianza a la comunidad educativa que ha faltado desde el comienzo de esta nueva Ley de Educación. Hay que ponerse las pilas como se dice popularmente y trabajar duro para facilitar en la medida de lo posible la transición de la LOE a la LOMCE.

Los indicadores internacionales, como el reciente “Panorama de la Educación 2014” de la OCDE, son siempre un arma de doble filo, y los datos que aportan se utilizan como argumentos de unos y otros para reforzar sus posiciones y no para acercarse a la realidad de los problemas y buscar las mejores soluciones. Por poner un ejemplo significativo, el informe destaca que España en el 2012 tiene un problema de poca población con estudios de grado medio (Bachillerato o FP de Grado Medio, un 22% frente al 44% de media de la OCDE), y también, además, ese 22% está desequilibrado (9% de población adulta con estudios de FP de Grado Medio frente al 33% de la OCDE). En conclusión, desde la LOGSE el principal problema de nuestro sistema educativo sigue siendo la ESO, que se transforma para un número muy elevado de nuestro alumnado en estación termino de destino de su viaje por la formación reglada.

¿Debemos seguir atascados en el marketing pedagógico de la segregación temprana del alumnado o en el de la abominable repetición de curso  o el del riego presupuestario por manteo de horas de refuerzo y apoyo educativo? ¿No sería mejor presentar itinerarios formativos de igual calidad y con el mismo atractivo social y laboral en la Formación Profesional y en el Bachillerato? ¿Dotarnos de un sistema de becas bien financiado y a la vez exigente que permita superar las desigualdades económicas en el acceso a la formación para quienes realmente elijan formarse? ¿Poner los medios, todos los medios imaginables a su alcance, resuelve el problema de la libertad de nuestros jóvenes que son los que tienen que optar por alcanzar con su esfuerzo personal una buena formación y una cualificación útil? ¿No se está exigiendo demasiado a la escuela como factor de corrección para las actitudes, motivaciones y valores que imperan a sus anchas en nuestra sociedad y autolimitan a nuestra población joven?

Los viejos fantasmas siguen presentes en el mundo educativo: pública-concertada, educación en valores-religión en la escuela, educación mixta-diferenciada, comprensividad-flexibilidad de itinerarios,  etc. Y son muy rentables como atracciones del parque temático en el que han convertido algunas organizaciones políticas, sindicales y sociales la cuestión educativa en España. Pero la prioridad del sistema educativo tiene que pasar por atender con los recursos disponibles a la demanda social  que consiste mayoritariamente en que exista para todos una oferta formativa gratuita y de calidad en los diferentes niveles de la enseñanza reglada, con independencia de quién sea el titular del servicio o quién lleve a cabo su prestación. Una enseñanza que permita las opciones en lo referente al ideario, los valores y la organización pedagógica que estén presentes en la formación que impartan los centros. La existencia de alternativas formativas sin que ninguna de ellas esté vinculada al estigma social de ser el destino de los torpes o los malotes. En definitiva, necesitamos una escuela sin apellidos y que haga aquello para lo que está concebida principalmente: enseñar y colaborar con la educación que las familias eligen para sus hijos.