Morales sacrifica la libertad sobre las ruinas aymaras

Tan frecuente como los "mates de coca", infusión necesaria para superar el soroche o mal de altura, la "cuestión indígena" reaparece siempre en las conversaciones con periodistas, religiosos, políticos. Al extranjero se le hace difícil, más allá de los debates ideológicos, distinguir  quién es indígena. Salvo por algunos rostros de pueblos del Lago Titicaca, diría que son todos mestizos. Las estadísticas hablan de un 20 por ciento de indígenas en el país. Pero la palabra indígena se pierde en una niebla casi mítica, como la que rodea la historia de las ruinas de la ciudad de Tiahuanaco, legado de la cultura aymara, sobre la que casi todo son especulaciones.

En el siglo XV ya hacía tiempo que había desaparecido su esplendor. Y fue el cruel imperio inca, con Pachacutec al frente, el que sometió a sangre y fuego lo que quedaba de los aymaras. Los españoles que construyeron el San Francisco de La Paz, en un delicioso barroco, no tuvieron nada que ver en el fin de la cultura aymara. Evo Morales ha celebrado en las ruinas de Tiahuanaco las entradas de año con una liturgia por fuerza inventada. En nombre de este indigenismo impreciso e ideológico, alimentado por no pocos frailes y monjas que querían "inculturarse", Evo Morales se echó a las carreteras hace años para poner en marcha su revolución. Y en nombre de la palabra indígena, que lo aguanta todo, ha sacado adelante una reforma constitucional que separa al país (las cinco provincias del Oeste la han rechazado) y dinamita los fundamentos del Estado de Derecho tal y como se han entendido a los dos lados del Atlántico desde la Ilustración.

El nuevo texto en su artículo 4 afirma que el Estado es independiente de la religión. Pero en el artículo 98 crea una especie de Estado confesionalmente indígena al afirmar que "el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígenas, depositarias de espiritualidades y cosmovisiones". Este nuevo confesionalismo destruye la igualdad ante la ley porque crea los "llamados derechos preferentes". El artículo 13 permitiría que los derechos fundamentales se supediten a los derechos colectivos. La modernidad jurídica salta por la borda: el artículo 123 contempla la aplicación retroactiva de sanciones penales para algunos delitos como la traición a la patria. Y la libertad de prensa queda reducida a nada porque en el artículo 107 se somete a la veracidad y responsabilidad.

No sabemos si en la ciudad de Tiahuanaco se celebraban en el lejano pasado aymara sacrificios de algún tipo. Es de suponer. Pero lo que está claro es que Tiahuanaco ha sido el pretexto para sacrificar la libertad del pueblo de Bolivia.