Matrimonios homosexuales: entre la discriminación y el autoritarismo

El problema de la reforma es que se modifica la protección de la institución matrimonial y, con ello, la protección jurídica de los actualmente casados. Del reconocimiento de un hecho preexistente a las leyes estatales (un matrimonio con hijos) se ha pasado a la creación de ese hecho por las mismas leyes estatales (inventando matrimonio ahí donde no lo hay e, incluso, dotando de hijos ahí donde biológicamente  no puede haberlos).

El estado constitucional tal como lo conocemos tiene poco más de dos siglos de historia; el matrimonio judeo-cristiano, más de tres mil años. Más aún, la institución matrimonial (entre un hombre y una mujer) ha estado presente en todas las civilizaciones de las que se tiene registro. De tal modo que el estado-nación no inventó la figura, simplemente reconoció un hecho que ya estaba presente, al que juzgó valioso darle la protección de la ley.

Con las reformas de la asamblea, el matrimonio se desnaturaliza y de ser un hecho concreto y generalizado, reconocido y tutelado por la ley, se convierte en un derecho abstracto e impersonal. Luhman, Teubner y Pound, entre otros autores, han señalado cómo las leyes y políticas públicas gestionadas desde el estado han de respetar "so pena de fracasar" la legítima autonomía de otros "mundos sociales" que ni dependen de la institución estatal ni son creados por ella. El matrimonio y la familia es uno de estos mundos autónomos que el estado puede o no reconocer, pero ni los crea, ni los mantiene, ni menos aún los puede extinguir.

Valga una analogía. El prestigio de un profesional se adquiere gracias a la combinación de diversos factores (la institución donde estudió, su esfuerzo y dedicación, su pericia, etc). El estado puede muy bien alentar y defender el derecho al buen nombre y merecido prestigio de alguien (independientemente de sus preferencias, sexuales también), pero sería absurdo imaginar una ley que establezca por decreto que todo ser humano debe tener, sólo por el hecho de existir, el máximo prestigio profesional. Las cosas no funcionan así. En este caso no toca al estado otorgar prestigios o méritos por medio de leyes y hacerlo iría en contra de la tradición republicana y libertaria: sería sin duda una muestra de autoritarismo.

De manera similar el estado no puede crear nuevas categorías de "matrimonio" o modificar esencialmente (tal como lo ha hecho la asamblea capitalina) la manera como la institución matrimonial funciona. Con las reformas se interviene injustificadamente para cambiar estatutos que ni han sido originados por el estado ni dependen de éste para su conservación. Bajo el falso pretexto de la igualdad, se corre el riesgo de dañar un ámbito que las leyes estatales más bien deberían proteger y custodiar: el de la familia.

No tengo vocación de profeta pero pienso -tomando las ideas del trilema del sociólogo Teubner- que estas reformas, de prosperar, pueden tener uno de tres resultados. O bien destruirán la institución matrimonial con grave daño para la sociedad, o bien serán completamente irrelevantes quedándose en un acto simbólico, para complacer a parte de la galería bien pensante, y que enriquecerá aún más la ya de por sí surrealista fauna política mexicana; o por el contrario, la realidad del matrimonio
y la familia, tal como la conocemos, saldrá fortalecida y se impondrá al final a las reformas. Pero sea cual sea el desenlace, se alteran y merman libertades ciudadanas existentes antes de la creación del Estado mexicano.