Las trampas del otro Trump: Ahora la inmigración

La democracia norteamericana parece hacer aguas, si no por los cuatro costados, sí por los de Trump. Estados Unidos hace aguas, y a causa del fuego amigo, en su propia línea de flotación, en su imagen, liderazgo y prestigio internacional. Los impactos los causa ora un misil demócrata, ora uno republicano. Biden se despide del Gobierno norteamericano indultando a su hijo y a los correligionarios que le soportaron en el poder. Entra Trump y, asimismo, indulta a quienes ya condenados invadieron el Congreso con su explícita convocatoria. Con la excusa, sin prueba alguna, de que le habían robado las elecciones, perpetró un duro golpe a la democracia. Se remueve el pilar de la Justicia como Poder configurador del Estado de Derecho, y nada parece inmutarse. Pero el mal está hecho y habrá de notarse, porque lejos del remedio correctivo se impone tenazmente la prepotencia.

En pocos días llueven los Decretos del dios Donald, preconcebidos para configurar su doctrina de “América first”, sin importarle lo que se lleva por delante en clave de prestigio e historia. Tan dios, que hasta el Golfo de Méjico quiere convertirlo en Golfo de América por su trumpista y decretada voluntad. Y en política exterior se afana en la construcción de una nueva muralla; esta vez a lo largo de la costa atlántica. La erige frente a los que han sido hasta ahora aliados incondicionales de los EE.UU, contra Europa, para sorpresa de esta y regocijo de Putin, que no podía esperar mejor noticia que Trump desamparara a Ucrania y empezara a debilitar el Tratado del Atántico Norte (OTAN). Si desde antes de la encerrona y acoso  a Zelensky, el viernes 28 de marzo (fecha que denigrará para siempre las relaciones internacionales del Presidente Trump, como nefasto ejemplo de diplomacia), su postura crítica sobre la OTAN ya anunciaba maneras, los recientes desaires al Presidente de Ucrania en el despacho oval de la Casa Blanca, y sus posteriores afirmaciones en el Congreso norteamericano, se han revelado mortales para la estabilidad geoestratégica del viejo continente.

A este otro lado del Atlántico también algunas democracias europeas hacen aguas. Es el caso de la nuestra, maltratada, desde que el socialismo populista y de rebajas constitucionales del expresidente Zapatero, la pasividad de las contramedidas de Rajoy, y las “trampas legales” de Sánchez, entraran por las Cortes dictando leyes respaldadas por los partidos desleales a la unidad de España y los partidos cáusticos con la monarquía parlamentaria y la esencia de la Constitución (C.E). La democracia en España también hace aguas. Como las lanchas de la Guardia Civil en nuestras costas del suroeste, golpeadas y burladas por los narcotraficantes, ante la pasividad más descarada y “marlaskeada”. Como las limitaciones impuestas a los pesqueros españoles y a nuestros agricultores y ganaderos, por las políticas de la U.E, decantadas más bien en favor de nuestro vecino del sur. Como el desempleo general y juvenil, Oscar al peor porcentaje de la U.E. O como el índice de natalidad, que hace aguas a flujo de dana. Si hubiera alguna duda, que declaren en los estrados del “Tribunal de la transparencia”, las miles de personas que duermen en bancos, portales, jardines y terminales de aeropuertos, como en el de la T-4 de Barajas, cuya estética e inseguridad transciende ya nuestras fronteras, con la consiguiente mácula al prestigio de España. Y ello a pesar de lo que significa la insignia de la agenda veinte-treinta que Sánchez luce en la solapa y a su cínica expresión “¡España va como un cohete!”.

Si lo que caracteriza a Trump es su capacidad de moldear la ley para hacer su voluntad, con el pretexto “America is back”, entonces, paradójicamente, aquí tenemos a otro Trump, un presidente doctorado en pretextos, “cum laude” en las artes de aquel príncipe que alumbró Maquiavelo, exaltando la idea de que “el fin justifica los medios”, que en la Moncloa se edita y traduce por “permanecer en el poder a cualquier precio”. La trampa más reciente del otro Trump “aquende los mares”, consiste en desgarrar otra rama de nuestro árbol constitucional con las tijeras de su legalidad particular. Efectivamente, para seguir en la Moncloa, Sánchez cede al chantaje del prófugo Puigdemont y desgaja de las competencias “exclusivas” del Estado, las del Art. 149.1. 2ª C.E, relativas a la “Inmigración”, para transferirlas a la Generalitat. Pero además, debido a la complejidad para perimetrar sus consecuencias jurídicas, delegará también otras competencias concordantes y relacionadas con la inmigración. El Acuerdo ya está registrado en el Congreso como una “Propuesta de Ley” y no como Proyecto, hurtando una vez más los dictámenes de las Instituciones que garantizan el buen fin de la Ley. Rinde las competencias en “inmigración” de modo “integral”, como se jactan sus líderes. Si la ley sale adelante, la Generalitat asumirá la administración y la supervisión en “inmigración”, y será competente en las devoluciones de inmigrantes, disponiendo de quién entra y quién sale por “sus fronteras”, gestionando la seguridad en puertos y aeropuertos de Cataluña, labor que hasta ahora realizaban las fuerzas de seguridad del Estado por su alto valor en la seguridad nacional. Con ello la seguridad del Estado se debilita, porque aparte del riesgo que pueda significar el terrorismo, los separatistas tendrán en su mano una de las llaves maestras para ejercitar su presión hacia la independencia. Y un dato ruinoso: para hacer frente a este Acuerdo, será preciso aumentar en 1.800 agentes la ya dilatada plantilla de la policía autonómica catalana.

Cataluña se convertirá en la única autoridad en su territorio para gestionar autorizaciones de estancia y residencia de extranjeros. Será responsable de la concesión de permisos de residencia temporal y de larga duración, así como de la expedición del Número de Identidad de Extranjero. El nuevo marco normativo otorgaría a la Generalitat la potestad de sancionar en procedimientos administrativos sobre inmigración. También tendría un papel clave en la contratación en origen de trabajadores extranjeros, determinando la naturaleza y el contingente de inmigrantes que puedan acceder a su mercado laboral. Y todo con la exigencia del idioma catalán, desplazando aún más el español. No es de extrañar que el prófugo en Waterloo haya celebrado el Acuerdo de su partido con el PSOE: “Asumimos una competencia que normalmente ejercen los Estados y estaremos mucho más preparados para nuestro futuro como nación”. Es precisamente esta tremenda manifestación intencional la que más desnaturaliza la cesión de la inmigración ex artículo 150.2 de la C.E, puesto que el Acuerdo, lejos de firmarse por necesidad de Estado, para su mayor fortaleza, deja más encarrilada la independencia. El mal ejemplo está servido y los nacionalistas vascos han tomado nota.

El Gobierno y juristas de su entorno ya se han puesto de acuerdo para decir que a tenor del Art. 150. 2  de la C.E, el Estado podrá transferir o delegar la inmigración. Pero ocultan que el precepto establece de seguido una cautela esencial, previniendo un requisito: “… que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Y es aquí donde quiebra el intento de desgajar del árbol constitucional, la delicada rama de la “inmigración”. Primero, porque su naturaleza es tal que el Gobierno no puede hacer esta cesión sin producir un desequilibrio en los territorios de las demás Comunidades Autónomas y un descontrol en el derecho inherente a la libre circulación de personas. En segundo lugar, a mi juicio, afecta al ámbito extraterritorial del Reino de España, y no solamente a Francia como país “fronterizo” con la comunidad catalana. Porque sin duda buena parte de la U.E. resultaría afectada, vulnerando el Tratado de Schengen, del que forman parte casi una treintena de países europeos, al que España se adhirió en el año 1991. Poner en manos de la Generalitat una competencia como la inmigración y sus connotaciones de política internacional, desborda el marco de la C.E, por más que este Gobierno quiera legalizarlo con otra ley trampa, en su exclusivo beneficio en clave de perdurabilidad y en beneficio separatista. Ceder las atribuciones firmadas con los separatistas de Junts, delegando la inmigración y sus manifestaciones colaterales, en materia gestionada exclusivamente por los países soberanos firmantes del Tratado de Schengen, que afecta al control de las fronteras, implicaría una relación directa de la comunidad catalana con los países del mencionado Tratado, que produciría una disfuncionalidad o desequilibrios en buena parte del espacio Schengen. Todo un despropósito, en clave de seguridad nacional y europea, que la U.E debería corregir urgentemente antes de que la insensatez y avidez de poder de este Gobierno siga adelante con esta compraventa inconstitucional. Como baluarte jurídico contra esta anómala cesión, la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional (T.C) en las Sentencias 31/2010 y 87/2017 de 4 de julio es muy clara, atribuyendo al Estado la “competencia exclusiva de la “inmigración”, de acuerdo al Art.149.1.2ª de la CE. Tales antecedentes jurisprudenciales del T.C deberían causar que la ley de transferencia de la “inmigración” a la comunidad catalana, “integral” según expresa Junts, sea declarada inconstitucional llegado el caso.

Los parecidos entre Trump y Sánchez, populistas en tecnicolor, son, a mi juicio, bastante obvios, porque los extremos de una política populista de derechas, a lo Trump, y otra populista de corte sociocomunista, a lo Sánchez, se tocan, convergiendo en el daño causado.  Las afinidades de estas dos excentricidades políticas se dan claramente. Trump amnistía a los suyos. Sánchez también, siendo de los suyos, por extensión, sus aliados separatistas; además tiene en el horno otra vergonzosa ley que ha venido en llamarse “Ley Begoña”, para inhibir la Justicia y exonerar a sus allegados investigados judicialmente, de familia y de partido. Trump sitúa en la cúspide de la Justicia a sus incondicionales para asegurarse su plan de acción: “América first”. Sánchez también: “la Moncloa primero”, retocando el T.C que le asegura la irreversibilidad de su errática andadura legislativa. Si no lo evitan ciertos partidos de la izquierda radical (difícil por su poca proteína moral), esta cesión inconstitucional representaría un décimo círculo de Dante, en el que, como en los nueve precedentes, se encontrará un castigo político. Ahora que ha empezado la Cuaresma, parafraseando la invitación “Conviértete y cree en el evangelio”, sería pertinente decir al artífice de este nuevo episodio de desconfiguración del Estado: “conviértase y crea en la Constitución”.

Juan Antonio Pérez Morala es Comandante del E.A (en situación de retiro), exabogado y Doctor en Derecho.

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