La Fiscalía General no es del Gobierno

Cuando en el programa de las mañanas de RNE del día 6 de noviembre de 2019, el Presidente del Gobierno, entonces en funciones y candidato del PSOE en las elecciones generales del 10 de noviembre, fue preguntado cómo garantizaría que el prófugo Puigdemont, respondiera por sus delitos ante la Justicia española, no contestó directamente, sin embargo no tuvo reparo alguno en repreguntar: “¿la Fiscalía de quién depende?” Y al contestar el presentador que “del Ejecutivo”, sentenció con inquietante seguridad, “Pues ya está”. En ese momento Sánchez demostró ser un aventajado discípulo de Zapatero, quien como Presidente de Gobierno, tiempo atrás, en vez de la “llave” del Fiscal General del Estado, ya había utilizado la “ganzúa” de “Fiscal General del Gobierno”, pasando a la historia una expresión germinal de preocupante significado antijurídico: “a veces hay que mancharse las togas con el polvo del camino”. Y de aquellos polvos del camino surgió bildu (con reflexiva minúscula), trasunto de una banda terrorista; polvos hoy convertidos en el barro que estamos pisando, principalmente en Navarra, el País Vasco, e incluso el Congreso de los diputados.

Las palabras de Sánchez en 2019, produjeron un considerable asombro y una honda preocupación entre la inmensa mayoría de los fiscales y, desde luego, en la judicatura. No era para menos, porque esa malhadada repregunta con su aserto antijurídico: “¿La Fiscalía de quién depende?”; “pues ya está”, provenía de la Institución vértice del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial, del que no se debe olvidar forma también parte el Ministerio Fiscal, temió un golpe mortal para el Estado de Derecho, si el autor de tanta ignorancia o atrevimiento ganaba las elecciones y llegaba a ser investido. Y lo fue. Pero una vez nombrado Presidente jamás se desdijo de aquellas palabras, constitucionalmente heréticas, sino que por el contrario las puso en práctica, y lo que se auguró en el Poder Judicial se empezó a hacer realidad. Aquellas declaraciones por sí mismas deberían haber apartado de la carrera política a su autor, pero lejos de ser descalificado fueron el preludio de una rebaja sustancial en la calidad democrática, y el anuncio de un acoso ininterrumpido al Poder Judicial.

El art. 124.1 de nuestra Constitución (C.E), determina que “el Ministerio Fiscal tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley…”. De aquí se desprende que la función del Ministerio Fiscal sirve al Estado como un todo, pero de ninguna forma puede ser dirigida y acaparada por uno de sus tres poderes, el Ejecutivo, y más concretamente el Gobierno. Y el art 124.4 expresa que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno…”. Decir a “propuesta del Gobierno” (ni siquiera nombramiento, que queda reservado al Rey), no significa, ni mucho menos, que “dependa” del Presidente del Gobierno como, sin rubor, éste afirmó y hace. El Fiscal General es del Estado, no del Gobierno. Pero es éste, al frente del Señor Sánchez, quien parece dirigir sin ambages al Fiscal General por donde le parece oportuno, sin que éste cambie un ápice sus directrices e ignorando la Ley 50/1981, “por la que se regula el Estatuto del Ministerio Fiscal”, que en su Artículo segundo. Uno, establece: “El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial… y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”. La utilización interesada de la Fiscalía General, no como llave de la Justicia, sino como “ganzúa”  o “cerrojazo” del Gobierno, para unas veces activar ciertas causas a su favor y, otras, bloquear la Justicia, tiene la presunción de emanar de instrucciones directas de Sánchez. Pueden señalarse, al menos, los siguientes hechos:

1.-La Ley de la Amnistía, recientemente aprobada en el Congreso, adoptando en todo momento el Fiscal General una posición pasiva favorable al Gobierno, echando el “cerrojo” a un pertinente informe de advertencia de inconstitucionalidad, de acuerdo con la mayoría de la doctrina jurídica y puntos esenciales de la Comisión de Venecia, dirigiendo además una carta a los miembros del Ministerio Público indicándoles que eviten cualquier posicionamiento sobre la amnistía.

2.-El caso Koldo, que fácilmente evolucionará hacia otros presuntos responsables hoy aforados. El Fiscal anticorrupción preparó una primera querella contra el ex asesor del exministro Ábalos y los principales cabecillas de la trama el 28 de junio de 2023, antes de las elecciones generales del 23-J. Un escrito que tuvo que conocer el Fiscal General del Estado, y que decidió frenar en plena carrera electoral, porque en ese momento el PSOE se jugaba continuar en el Gobierno. De nuevo parece usarse la Institución como “Fiscalía General del Gobierno”, echando “cerrojo” a la Justicia cuando conviene.

3.-El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha denunciado la nota de prensa, filtrada y compartida por la Fiscalía de Madrid, en la que se revelaban «datos concretos de unas diligencias de investigación» contra Alberto González, pareja de la presidenta madrileña. El ICAM considera la comunicación una «ruptura sin antecedentes de la confidencialidad y el secreto profesional», declarando que se trata de «un hecho de gravedad sin precedentes». El decano recalcó que la nota de la Fiscalía incumplía su normativa, y suponía «una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal…». Esta manipulación, sin precedentes, denota otro caso de uso interesado del Gobierno, utilizando la Fiscalía General del Estado, no como llave de la Justicia, sino como “ganzúa” para abrir un proceso de desgaste contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

4.-La Sala Tercera del Tribunal Supremo (T.S) ha condenado a la Fiscalía General del Estado por ocultar un expediente de investigación del fiscal Ignacio Stampa. Esta misma Sala anuló el ascenso de la anterior Fiscal General, a Fiscal de Sala Militar acordado por el actual Fiscal General, al apreciar «desviación de poder». Un caso más de presunta utilización de la Fiscalía General como “ganzúa” y no como llave del Estado de Derecho.

5.-El Pleno del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), determinó en su día que el actual Fiscal General “no era idóneo para seguir ocupando el cargo”. Sin embargo, Sánchez le confirmó al frente de la Fiscalía General del Estado hasta 2027, pese al fallo del T.S que le acusó de desviación de poder por ascender a su antecesora en el cargo a la máxima categoría fiscal, y pese a la fuerte contestación interna en la mayoría de los fiscales, hasta el punto de que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el T.S contra la designación del Fiscal General, al considerar que “su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley”. Otro caso que invita a pensar en la utilización como “cerrojo”, oídos sordos o desprecio, a las Instituciones competentes, en favor de los intereses de Sánchez, no usando la Fiscalía como llave de la Justicia y razón de Estado, sino para el de sostenimiento de su presidencia en el Gobierno.

En resumen, la Fiscalía General del Estado es una llave de oro, de gran valor, porque abre puertas que enriquecen el Estado de Derecho y ensanchan la Democracia. Pero su mal uso y abuso por un Gobierno partidista, utilizando la Fiscalía no como llave constitucional, sino como “ganzúa” vulgar o “cerrojo” de la Justicia, según le convenga abrir, cerrar o bloquear procesos, empobrece el Estado de Derecho y angosta la Democracia; proceso, este último, al que desafortunadamente creemos asistir.

Juan A. Pérez Morala es Comandante del E.A (en situación de retiro), ex abogado y Doctor en Derecho.

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