¿La enseñanza concertada corre peligro tras las autonómicas?

No hace falta más que mirar las encuestas sobre intención de voto para darse cuenta de que estas elecciones autonómicas van a suponer una transformación del mapa político actual que irá ligada a una nueva forma de hacer política. Parece que diremos adiós al bipartidismo para ver cómo nacen necesarios pactos entre diversas fuerzas políticas.

Y si bien esto pudiera parecer hasta sano, conviene recordar que, según quienes gobiernen en las comunidades, temas tan esenciales como la educación pueden verse muy afectados. Ya hay gobiernos autonómicos que han obviado la obligación de cumplir la LOMCE, lo que, sin duda, crea un mal precedente con muchas posibilidades de extenderse tras el 24 de mayo, sobre todo si atendemos a que la LOMCE podría quedar administrativamente paralizada en septiembre.

Es momento de reflexionar sobre la política educativa, y cabe preguntarse: ¿cuál será el tratamiento que recibirá la libertad de enseñanza tras los comicios y en especial uno de sus máximos exponentes como es la enseñanza concertada? Tanto partidos consolidados como nuevas formaciones lo tienen claro.

El Partido Popular es la formación que más claramente recoge en su programa su apoyo a los conciertos y a la libre elección de las familias, diciendo: “garantizaremos que los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, puedan elegir el centro de su preferencia, sea este público o concertado. Garantizaremos el derecho al concierto”. Aun así, actualmente algunas comunidades gobernadas por los populares no cumplen estas directrices.

Frente a lo postulado hasta ahora por el Partido Socialista, que venía predicando cierta tolerancia y diálogo en lo referente a la enseñanza concertada, se puede apreciar una radicalización de su posición. Su objetivo de gobierno será “garantizar progresivamente la escolarización pública de todo el alumnado desde los 0 a los 18 años”, lo que implícitamente supone que hará uso de la concertada mientras no existan suficientes plazas públicas.

Izquierda Unida mantiene su oposición a “la financiación con dinero público de la enseñanza privada”, proponiendo la “supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos y la supresión inmediata de los conciertos en los centros de educación diferenciada”.

Unión Progreso y Democracia, en línea con el PSOE, aboga por ir extendiendo la enseñanza pública y apuesta por el laicismo en la educación, manteniendo la concertada mientras se desarrollan centros públicos.

Ciudadanos, a pesar de decir en la reciente convocatoria andaluza: “apostamos por una escuela pública y laica. Asimismo, defendemos la escuela concertada como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo”, parece que ha decidido diversificar su programa según comunidades, borrando toda mención a la concertada, la libertad o la pluralidad en algunos casos. ¿Cómo es posible decir una cosa y la contraria según dónde se diga?, ¿tanto pesan los votos como para cambiar la línea de actuación? Lo que no apoyan, en ningún caso, es la enseñanza diferenciada.

Por último, Podemos, que está sufriendo un “extraño” proceso de metamorfosis general, ha pasado de decir que habría que “eliminar la enseñanza concertada”, a plantear que “la enseñanza concertada quedaría para situaciones experimentales”. A pesar de ello, hablan de un “apoyo total a la enseñanza pública, con clara priorización presupuestaria de la enseñanza pública frente a la concertada, para asegurar una red pública de calidad, con cobertura suficiente para que todos los alumnos y alumnas tengan plaza en un centro cercano a su zona de residencia”.

Y volviendo a las encuestas, y dado que todo apunta a que el PP no renovará sus mayorías absolutas, salvo en Castilla y León, parece inevitable que se abra un escenario de pactos, sean de gobierno o para apoyos puntuales, siendo la educación una pieza clave.

En caso de que el PP tenga que pactar, es probable que tenga que llamar a la puerta de Ciudadanos, lo que supondrá superar dos fuertes escollos: el laicismo y los conciertos de la diferenciada. Una escuela laica requiere renovar los acuerdos con la Santa Sede, y anular los conciertos de la diferenciada supondría cambiar la LOMCE y, desde mi punto de vista, la Constitución. ¿Está dispuesto el PP a plantearse estas dos cuestiones por un pacto?

Ciudadanos también sería la llave para que el PSOE pudiera gobernar en algunas comunidades, yendo de la mano en la defensa de la escuela laica y la no concertación de la diferenciada, pero ¿cómo encaja la propuesta socialista de aumentar plazas públicas a costa del cierre de colegios concertados con la defensa de Ciudadanos de la concertada como una garantía de la libertad de enseñanza y la pluralidad? Si el pacto solo es con Ciudadanos, esta alianza puede ser un alivio para el PSOE, que volvería a políticas de equilibrio en lo que a educación concertada se refiere, pero si entra una tercera fuerza en esta unión, difícilmente se justificaría el papel de la formación de Albert Rivera.

Por otra parte, en aquellas comunidades en las que, como Murcia, se habla ya de pactos entre PSOE-Podemos-Izquierda Unida, e incluso Ciudadanos, para evitar un gobierno popular, está claro que el camino será el del cierre progresivo de aulas en colegios concertados y el trasvase de estos alumnos hacia centros públicos, dando paso a un desmantelamiento de las bases de la libertad de enseñanza y a una etapa de laicismo, lo que claramente atenta contra la libre elección.

Llegados a este punto, confiando en que estas pinceladas sirvan al lector para tener una visión más completa, solo queda pedir disculpas por dejar en el tintero a los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña, ya que son realidades específicas que se apartan de un análisis tan general como este, y por no haber ahondado en el papel de UPyD, que desde mi modesto punto de vista, bastante tiene con lo suyo.