La crisis económica

La declaración impactó pues a la Asamblea asistieron numerosos empresarios afectos al gobierno que intervinieron para expresar su acuerdo con el documento. Otro de los temas objeto de análisis fue el desempleo. Según sus estadísticas afecta a más de 800.000 personas. Trabajan en el sector privado 12 millones, de los cuales seis millones carecen de empleo fijo, son buhoneros, taxistas o se desempeñan en actividades similares que les ubican dentro del sector informal de la economía.

Las protestas y manifestaciones de los desempleados se han convertido en uno de los problemas más graves, no sólo para quienes dicen representar al gobierno, cuya legitimidad muchos ponen en duda, sino para el resto de la ciudadanía que sufre las consecuencias. El año pasado las manifestaciones pasaron de doce mil, según la ONG Observatorio de Conflictividad Social. Diariamente se producen en el país noventa marchas o cierres de vías. Analistas afirman que no será fácil explicar que ello ocurra en un país que se precia de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, que ha vendido a un promedio de $100 el barril, lo cual totaliza una recaudación anual de más de veinte mil millones de dólares.

A la fuga de capitales se une la fuga de talentos. Actualmente, más de un millón de venezolanos residen en el exterior, la mayoría ejerciendo trabajos bien calificados: pequeños industriales, médicos, aviadores, técnicos en comunicación, vendedores en grandes tiendas e incluso algunos trabajan en organizaciones internacionales o son profesores universitarios. El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, afirma que Chávez es responsable de la mayor tragedia venezolana: la descapitalización de los recursos humanos, en las áreas más sensibles, pues del país ha tenido que emigrar un grueso sector de la población mejor preparada, en su mayor parte por ser víctimas de la persecución política o de la inseguridad, que el gobierno no ha podido o no ha querido atacar eficientemente. Quizás la explicación de todo esto resida en el hecho de que el objetivo del régimen es acabar con la propiedad privada, algo que una buena parte de los empresarios no quiere ver.