Habla la Iglesia y responde el Régimen

Dicen los obispos que están obligados a manifestar que la inseguridad "ha pasado a ser la mayor preocupación de los venezolanos, y que frente a la violencia ‘desatada y sin control', no se vislumbran soluciones a corto o medio plazo, por la carencia de políticas públicas que garanticen la paz social y el derecho a la vida, a lo que se ha sumado en forma alarmante el secuestro", delito frente al cual llaman a una lucha frontal. La Iglesia se ofreció como espacio para convocar a todas las fuerzas políticas, sociales, educativas y religiosas para analizar el tema de la inseguridad y buscar en conjunto soluciones efectivas. El ministro del Interior alega que las cifras publicadas sobre inseguridad y secuestros responden a planes conspirativos y tienen como propósito desestabilizar al gobierno revolucionario.

La CEV señaló como amenaza contra la educación privada impedir que, en razón de los elevados índices de inflación, se ajuste el salario a que tienen derecho los docentes. Advirtió que están en peligro de desaparición las instituciones educativas católicas, al negar a los padres de familia el derecho a consentir aumentos indispensables en la matrícula escolar. Ante el propósito de imponer un currículo marcadamente ideológico, pidió una consulta abierta e inclusiva, que respete el derecho de los padres a elegir el tipo de educación integral que anhelan para sus hijos, derecho consagrado expresamente en la Constitución. Como en ocasiones anteriores, exhortó al ejercicio cívico del voto e hizo un llamamiento a la responsabilidad de los candidatos o actores políticos, argumentando que "en este proceso electoral, más que unos cargos, están en juego valores esenciales de la democracia".

Para la CEV, el panorama político se caracteriza por una crispación que no es saludable, y en tal escenario la imposición de la consigna "patria, socialismo o muerte", éticamente reprobable  e inconstitucional, es un elemento que agudiza la polarización. Todo el documento es una vehemente llamada al respeto de los derechos humanos, entre los cuales señala el que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos, y como elemento de referencia esencial, el derecho a la vida, comprometido por la inseguridad y la violencia. La voz de los católicos también se oyó en el discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de Luis Ugalde, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello: "Si la democracia no es capaz de establecer la justicia social, preservar la libertad, el pluralismo de opiniones y la autonomía de las instituciones, deja de ser democracia".

Aparte de los tradicionales denuestos contra la institución y sus figuras representativas, la respuesta del régimen fue ratificar la inhabilitación de los candidatos que, según las encuestas, aparecen con mayores posibilidades de ser electos como gobernadores o alcaldes. Al cardenal Urosa correspondió oficiar en la Universidad Central un acto litúrgico en homenaje al estudiante Douglas Rojas, asesinado por funcionarios policiales en la represión de una manifestación contra las inhabilitaciones. Los dirigentes estudiantiles manifestaron que el asesinato de Rojas y las persecuciones de que son víctimas los obligan a un mayor compromiso en la lucha cívica por los derechos humanos y el respeto a la Constitución.