Federalistas en Europa

Mundo · Mario Mauro
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2 septiembre 2010
Al hablar de Europa, siempre pensamos en las grandes políticas europeas, como las infraestructuras, la energía, la agricultura, y en los acuerdos y desacuerdos al respecto entre los Estados grandes y pequeños que la componen.

Al hablar de Europa, hablo de la necesidad de recuperar el proyecto común de los padres fundadores para que las generaciones siguientes podamos esperar la prosperidad y paz que hemos tenido en los últimos cincuenta años.

Al hablar de Europa, recuerdo también la necesidad de recuperar las raíces cristianas y tutelar las libertades y los derechos del hombre, empezando por la libertad religiosa.

Y quiero subrayar la importancia que tienen las regiones europeas para conseguir estos objetivos. Si la Unión Europea está formada por 27 estados miembros, no hay que olvidar que cada uno es a su vez un conjunto de realidades diferentes entre sí. Los países europeos están organizados de forma muy heterogénea: desde los Länder alemanes, auténticos estados dotados de parlamentos locales y representados en una cámara territorial del parlamento alemán, a España, Italia, o realidades muy pequeñas y mucho más homogéneas.

Pero lo más importante para Europa es que las regiones que la forman presentan características económicas y sociales muy parecidas, más allá de sus fronteras nacionales. Pensemos en los "cuatro motores de Europa", las cuatro regiones que se consideran como el sostén económico de toda la Unión: Baden-Württemberg, Cataluña, Lombardía y Ródano-Alpes.

Para llevar adelante el proyecto de unificación europeo, debemos tener en cuenta las diferencias existentes porque las regiones más ricas y avanzadas pueden servir como ejemplo para otros territorios que, por razones geográficas, políticas o sociales, están en una situación más desfavorecida. Al mismo tiempo, hay que valorar y reforzar las competencias de cada región y tutelar, también a nivel europeo, la autonomía que los entes locales están alcanzando con gran esfuerzo en sus propios países.

En el Meeting de Rimini han participado dos representantes autorizados de ambos aspectos: el presidente de la Comisión Europea, Josè Manuel Durao Barroso; y Roberto Formigoni, presidente de la Región de Lombardía, paladín del federalismo y de una mayor autonomía y valoración de las realidades regionales.

El federalismo no puede ser la excusa para dividir los países o abandonar las realidades más pobres, sino que, desde un punto de vista subsidiario, debe ser el modo de identificar las necesidades y diseñar las políticas de ayuda que respondan a estas necesidades y dejen libertad a quienes están en condiciones para gestionarlas. El principio de subsidiariedad debe ser por tanto un movimiento que nace desde abajo, no una cesión de competencias por parte del Estado, sino un verdadero reconocimiento constitucional de autonomía.

Las propias competencias de la Unión Europa, según el Tratado de Lisboa, se reparten según el principio de subsidiariedad. "Según este principio, en los sectores que son de su exclusiva competencia, la Unión Europea interviene sólo cuando su acción se considera más eficaz que la emprendida a nivel nacional".

La gran novedad que introduce el Tratado de Lisboa es que al respetar este principio, la Unión también debe tener en cuenta "el sistema de las autonomías locales y regionales", el mecanismo de reparto de competencias, y debe verificar, antes de ejercitar sus competencias, no sólo los objetivos que se deben alcanzar a nivel central, como sucedía antes de Lisboa, sino también los objetivos -y ésta es la novedad- "a nivel regional y local".

Del mismo modo, con el mecanismo del early warning (aviso preventivo) respecto al principio de subsidiariedad, la Comisión, en la fase de propuestas normativas, debe realizar amplias consultas y tener en cuenta, "si es el caso, la dimensión regional y local de las acciones previstas". Asimismo, los proyectos y actos legislativos deben respetar el principio de subsidiariedad y proporcionalidad, que le permitirán valorar el impacto que puedan tener sobre la legislación estatal "y, si es el caso, en la legislación regional", además de valorar las obligaciones que afectan a "los entes regionales o locales". También en esta fase pre-legislativa, la Comisión está legitimada para consultar a todas las partes interesadas, incluidas las autoridades locales.

Con todas estas ideas, podemos empezar a entender que el Tratado de Lisboa promueve un modelo de responsabilidad y gobernabilidad compartida entre todos los niveles de gobierno de la Unión, ya sean centrales o locales.

Por último, quisiera recordar que la aplicación de las normativas europeas pasa siempre, al menos en Italia, por la legislación regional. Las regiones son plenamente responsables de las normas comunitarias y ya se han dado casos de sanciones a cargo del estado italiano por falta de ordenamientos regionales.

La dimensión regional debe ser tenida en seria consideración a nivel estatal y europeo, mientras que las regiones, por su parte, deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen para contribuir a la realización de ese proyecto que llamamos la Europa unida.

Publicado en Il Sussidiario

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