´Fallido de raíz el intento´

¿La reforma educativa que el Gobierno culmina estos días ha abordado las cuestiones de fondo?

No. Rotundamente no. Se ha limitado a retoques, en ocasiones poco más que cosméticos. Al optar por la mera reforma en lugar de hacer una nueva ley, se ha asumido de facto la “bondad” del marco legis-lativo vigente, aceptando que con unas cuantas mejoras se podrían corregir los nefastos efectos que ha producido en nuestro sistema, acreditados sobradamente.

Poco, y mal, se habla de la familia y sus derechos; nada de la libertad. Se mantiene el esqueleto básico del complejo LODE-LOGSE-LOE y se carga con sus dogmas (comprensividad, igualación en míni-mos, pedagogismo, falso igualitarismo). Una mala ley, por mucha cosmética que se aplique, seguirá siendo una mala ley.

Fallido de raíz el intento, lo más triste es que ni siquiera podremos confiar en el recurso a los regla-mentos, como proponía Romanones, pues es difícil creer que se vaya a querer hacer con lo menos –el desarrollo reglamentario- lo que no se ha querido hacer con lo más –la ley-. Y decimos que no se ha querido porque con una holgada mayoría parlamentaria se podría haber hecho una reforma profunda si hubiera habido voluntad política.

Algunos críticos aseguran que dan demasiadas competencias a las Comunidades Autónomas y que se sustituye el estatalismo de viejo cuño por una nuevo.

Por supuesto, desgraciadamente. Esto está en la línea de la ausencia total de la idea de libertad. El Es-tado, igual socialistas que populares o comunistas, sigue teniendo miedo a la libertad. Y miedo a la familia. La opción continuista elegida es una especie de nuevo absolutismo: todo para el administrado, pero sin el administrado. El Estado –en todas sus formas y administraciones: central, autonómica, lo-cal- sabrá darnos lo que necesitamos, ellos eligen por nosotros.

Esto, en la actual situación española, es muy grave. Se opta por dejar una gran parte del futuro de la educación en las manos del poder autonómico de turno… ¡y ya hemos visto cómo y para qué han utili-zado algunas autonomías su poder en este ámbito! La “solución” propuesta viene a ser una forma de dar cobertura legal a lo que de hecho ya estaba sucediendo: que cada autonomía hacía de su capa un sayo, según los intereses del momento.

¿Se superan los límites que tenía la libertad de elección de centro por parte de los padres?

Cuando el nivel de partida era poco más que cero, superarlo era sencillo. La cuestión real no es si se superan determinados límites, sino si de verdad existe libertad de elección, si se cree en los derechos de la familia y se actúa en consecuencia. La respuesta, de nuevo, es no. Parece más una concesión de la Administración, concedida a regañadientes, que una apuesta decidida. Si en la Exposición de Motivos se cita el artículo 27.2 de nuestra Constitución, ¿qué problema había en citar el 27.3?

Se dice que «los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.» Hubiera sido mejor atreverse a decir, pero sobre todo a aplicar, que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convic-ciones.» El sistema no tiene que “contar” con la familia, debe respetar sus derechos. En esto también hay continuismo con la legislación anterior. Incluso se habla de que toda la sociedad tiene que asumir un papel activo. Me parece que es repetir el mantra de que para educar hace falta toda la tribu. No, para educar hace falta respetar la libertad y los derechos de la familia. Familia, escuela y, como colaborado-ra –subsidiaria, me atrevería a decir aún a riesgo de ser lapidado-, la administración. El resto debería venir después, y no antes.

¿Se mejora sustancialmente en el sistema de conciertos y en la autonomía de los centros?

Sustancialmente, no. Se producen algunos retoques pero el poder decisorio final sigue en manos de la Administración. No se ha retirado la espada de Damocles y sigue habiendo resquicios para la arbitra-riedad y para la imposición ideológica. Existirá una cierta autonomía, quizá algo mayor que antes, pero siempre dentro de un orden: el orden que establezca el partido político de turno.

Hay quien señala que centrar las reválidas en asignaturas ´experimentales´ no es buena idea. ¿Qué piensa?

Que hay que llevar mucho cuidado con los experimentos, sobre todo cuando pueden afectar al futuro de las personas –de los alumnos en este caso-. Puede ser una forma de empezar la casa por el tejado. Tenemos déficit en comprensión lectora, en expresión lingüística, en lenguas extranjeras, en matemáti-cas. ¿Por qué no centrarnos en las asignaturas instrumentales? Puede sonar muy bien, pero no creo que sea positivo en la actual situación de postración de nuestro sistema. No se puede pasar de 0 a 100 a golpe de BOE. Seamos más humildes y prudentes: nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad.

¿Es un problema la amenaza que ha hecho el PSOE de tumbar la ley? ¿Ha faltado consenso?

Por supuesto. Es un problema, y muy serio. Supone que hay una parte de nuestra sociedad que se cree con derecho a imponer sus opiniones, criterios y dogmas ideológicos a todos. Lo grave es que los so-cialistas lo van a volver a hacer: ya lo hicieron con la LOCE. Parece que les da alergia lo de la “cali-dad”. Pero la obligación del Gobierno de España es hacer una buena ley. Después, cada uno deberá asumir sus responsabilidades.

Creo que la cuestión no es si ha habido consenso o no. Consenso para continuar con una mala legisla-ción no solucionaría nada, como de hecho está ocurriendo ahora. Lo terrible es que se está desaprove-chando la mayoría absoluta gubernamental. El Partido Popular es el único capaz de tropezar dos veces en la misma piedra.

Esta situación me recuerda la célebre frase de Churchill sobre el deshonor y la guerra. De momento, y cada vez hay menos tiempo para rectificar, nuestro gobierno ha elegido el “deshonor” de maquillar una mala ley, cargando con sus prejuicios y dogmas. Y encima van a tener la “guerra”: huelga general en educación, amenaza de derogación, calles “ardiendo”, peticiones de misión, sindicatos de profesores enfadados porque se rozan mínimamente sus prebendas, comunidades autónomas en pie de guerra…