Expropiaciones

Mundo · Óscar Ortiz Antelo
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15 septiembre 2010
La reciente expropiación del 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), que habían sido adquiridas en 1999 por la empresa SOBOCE, constituye un nuevo hito en el proceso de estatalización de la economía boliviana, especialmente porque el ministro de Hacienda, al informar de esta medida, señaló que el Gobierno no se detendrá hasta recuperar para el Estado todas las empresas que alguna vez fueron públicas.

El caso de FANCESA constituye a todas luces un abuso de poder y parece tener directa relación con el hecho de que el presidente de SOBOCE es presidente de un partido político que ha venido criticando el manejo de las empresas públicas creadas por el actual Gobierno boliviano. Si las autoridades tenían indicios de supuestas irregularidades en la licitación de las acciones debieron iniciar un proceso y comprobar sus denuncias.

Lo efectuado, expropiar a sola firma, muestra la inseguridad jurídica que se vive en Bolivia, donde el Gobierno ya no se toma la molestia de acudir a los tribunales, a pesar de que los controla casi en su totalidad. Por más que el presidente declare que en Bolivia se respeta la propiedad privada e invite a los empresarios a invertir, este tipo de acciones le quitan toda credibilidad y explican por qué en los últimos años ha habido tan pocas inversiones.

Desde el punto de vista político fueron comprensibles las nacionalizaciones de hidrocarburos y minería. El pueblo boliviano tiene un profundo sentimiento de pertenencia sobre estos sectores. La solución debió haber sido crear unas empresas públicas modernas y sujetas a escrutinio público que, en estos sectores, pudieran desarrollar sociedades con operadores privados, como por ejemplo lo hace PETROBRAS, la cual incluso ha llegado a tener accionistas privados y cotizar en bolsas internacionales de valores.

Como sucedió en el pasado, todas las empresas nacionalizadas son altamente ineficientes y contaminadas por la corrupción. No han incrementado su producción. Las transnacionales contra las cuales el Gobierno hizo la causa principal de su lucha por llegar al poder se han vuelto imprescindibles para que la producción de hidrocarburos se mantenga. Se les pagó por sus acciones en procesos poco transparentes de negociación, invierten menos que antes y el Gobierno les paga más.

Las otras empresas estatales de reciente creación son tan mal administradas como las anteriores. Fueron constituidas mediante fideicomisos sin ninguna fiscalización estatal. Han gastado cientos de millones en comprar equipos sin licitación, que en su mayoría siguen almacenados y después de dos a tres años de su constitución no se han presentado estados financieros que reflejen qué se ha hecho con el dinero de los bolivianos. Por ahora, el estatismo se sostiene por el alto precio de las materias primas que exportamos. Cuando esto cambie, los bolivianos tendremos que pagar la farra populista y nos daremos cuenta de que una vez más repetimos los mismos errores de siempre.

Óscar Ortiz Antelo, ex presidente del Senado Nacional de Bolivia

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