Expediente para el futuro de Venezuela

Lo dijo Chávez en abril de 2007, cuando se proponía presentar la reforma de la Constitución, concentrando todo el poder en la presidencia. El proyecto que consignó a la AN respondió a ese propósito, y fue rechazado por el país en el referendo del 2-D. Chávez insistió, y convocó el referendo del 15 de febrero, logrando su aprobación en los términos que hemos analizado en recientes informes de Venezuela Hoy. Ahora, en violación de lo que debería ser Carta Magna ordena a la AN tramitar una Ley de Descentralización que revierte al poder central las facultades de las Gobernaciones y Alcaldías. La AN acató la orden, no obstante que el artículo 164 establece: "Es de la competencia exclusiva de los Estados la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial". La AN dictó otra Ley que priva a las Gobernaciones de  los ingresos por el uso de puertos, aeropuertos y autopistas. Chávez, alegando que cumplía con la nueva ley, ordenó la ocupación militar de los puertos y aeropuertos de los Estados gobernados por la oposición, medida ejecutada con presteza por la guardia nacional y la marina de guerra.

Los gobernadores y alcaldes de oposición se pronunciaron en conjunto contra la Ley Orgánica de Descentralización aprobada por la AN y prometieron acciones de calle y jurídicas, no descartando convocar un referendo abrogatorio. Los legisladores estadales, miembros de Juntas parroquiales, concejales municipales y diputados nacionales, provenientes de 12 estados del país, se reunieron en lo que denominaron Asamblea por la Defensa Popular. La Asamblea acordó como su objetivo contrarrestar las acciones y leyes centralizadoras, y sus voceros declararon que seguirán reuniéndose cada quince días para evaluar el cumplimiento de su agenda de trabajo. "Lo que queremos es hacerle un contrapeso a la AN, que se dedicó a legislar contra las regiones, violando la Constitución. Los integrantes de la AN han traicionado el mandato que recibieron, pues fueron electos para defender los intereses de los estados y ahora son simplemente sirvientes de Chávez, su capataz", dijo uno de los asistentes a la Asamblea. Este organismo dictó una Ley sobre administración de puertos y aeropuertos que le permitió a Chávez poner al frente de los mismos militares, reservando el manejo de los terminales marítimos a los cubanos.

Con frecuencia columnistas de prensa se preguntan por qué la insistencia en llevar a los tribunales los recursos y amparos previstos en la Constitución, siendo que no existe Estado de Derecho. La respuesta es que el poderoso movimiento cívico que rechaza la neodictadura no tiene otra alternativa, por ahora, que hacer de la Constitución su escudo. Es el marco en el cual puede trabajar, para no justificar que los declaren conspiradores. Es el expediente para el futuro, pues delitos imputados a Chávez no prescriben. El acudir a instancias internacionales tiene propósito similar, a conciencia de que Chávez incumple los tratados sobre derechos humanos y libertades cívicas, al punto de que se niega a la visita en situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no acata las sentencias de la Corte Interamericana, expulsó violentamente a Human Rights Watch, impidió la entrada al país de Lech Walesa, por sólo mencionar algunos casos. La Internacional Socialista (IS) decidió enviar una misión para observar las acciones de hostigamiento político a los opositores. Difícil para Chávez rechazar la misión de la IS.