El valor de la paz. El caso mexicano

Mundo · Diego I. Rosales Meana
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30 julio 2013
La ciudad ha nacido, desde la Antigüedad, para compensar una cierta desproporción de violencia que existe entre los hombres. Vivir juntos ha implicado inventar un orden expresado en una ley que permita sobre todo dos cosas: que el florecimiento de nuestras capacidades y expresiones culturales tenga un medio común de realización y que la injusticia que nos cometemos tenga, en nombre del bien, un límite.

La ciudad ha nacido, desde la Antigüedad, para compensar una cierta desproporción de violencia que existe entre los hombres. Vivir juntos ha implicado inventar un orden expresado en una ley que permita sobre todo dos cosas: que el florecimiento de nuestras capacidades y expresiones culturales tenga un medio común de realización y que la injusticia que nos cometemos tenga, en nombre del bien, un límite.

En México esos límites han sido sobrepasados desde hace mucho tiempo y es posible decir, sin temor a exagerar, que estamos viviendo una guerra civil. Desde hace aproximadamente diez años, lo que era una natural  –aunque no por natural menos horrorosa– connivencia entre el gobierno, el narcotráfico y los ciudadanos ha salido de madre, han muerto ya decenas de miles de personas y no parece ser que haya posibilidad de justicia al respecto. Al menos en el estado de Michoacán –aunque también en algunas comunidades de Guerrero– las víctimas se han visto obligadas a formar policías comunitarias para defenderse del narcotráfico. Y no es que los cárteles lleguen a tirotear así sin más a la gente en la plaza (aunque también).  El problema es que estos cárteles se han apoderado de las vidas de esas personas a través de la extorsión sistemática: los productores de aguacate y de limón deben pagar al narco para que puedan transitar por las carreteras; los ganaderos han de pagar por cada vaca que vendan y los tortilleros lo mismo por cada kilo de tortillas. El drama ha excedido todo límite de indignación cuando la extorsión no ha de ser pagada con dinero sino con mujeres. Señoras, jóvenes, niñas, entregadas al narco a cambio del derecho de caminar por la calle. Si una víctima iba a hacer una denuncia, aparecía muerta a los pocos días junto a advertencias amenazantes. El gobierno es parte del crimen.

Considero que una de las primeras acciones que hay que emprender contra el mal es hablar de él. El silencio es cómplice. La sensibilidad frente al mal es la primera herramienta para combatirlo. Y los mexicanos nos estamos acostumbrando a ver personas muertas, convertidas en estadística y en noticia, como si sus historias pudieran ir a parar, sin ningún problema, a un túmulo construido por la desidia.

En 1915, Martín Luis Guzmán escribía que  “el interés de México es resolver el problema de su existencia normal como pueblo organizado, lo cual le impiden barreras de incapacidad moral.” Revolucionario, Guzmán lamentaba que la imaginación del mexicano fuera incapaz de pensar en otra fórmula que ésta, tan bárbara: “he ahí lo que, a cambio de nuestro bienestar material, se ofrece a la nación mexicana, que sufre las consecuencias deplorables de una perversión moral: la paz a costa de la corrupción y el crimen sistemáticos.” Lamentablemente, después de cien años, seguimos carentes de imaginación. No otra cosa ha hecho el PRI sino sistematizar el crimen. Hoy, lo pagamos. Y el valor de la paz, su costo, sigue siendo la imbecilidad y la inmoralidad de quien tiene que hacerse cargo de ella.

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