El objetivo es salvar el Estatut

Juez muy religioso. La etiqueta la utilizaba a comienzos de la semana el diario El País para cuestionar la propuesta de Carlos Dívar para presidir el órgano de gobierno de los jueces. Curiosamente era la propuesta de Zapatero, quien según esa misma fuente había desechado otras opciones marcadamente progresistas.

En julio Zapatero y Rajoy cerraron el pacto de la justicia. En él se comprometieron a renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Fue al ministro de Justicia Fernández Bermejo a quien le tocó defender la opción de Zapatero para el Consejo. Señalaba en la cadena SER que a Dívar no había que computarle sus creencias en el ejercicio de su profesión. Ayer fue el propio Zapatero el que desde Nueva York hablaba de la impecable trayectoria del nuevo presidente del CGPJ.

El primer escollo ya estaba salvado. Como en otras ocasiones, se utilizaba a los medios para levantar la polémica y enseguida se aplacaba con una explicación aparentemente conciliadora. Una estrategia a la que recurrió el Gobierno la pasada legislatura en más de una ocasión.

Sin apenas cerrarse la polémica abierta por los medios de Prisa, la atención se centraba en la renovación del Constitucional. En la reunión en julio en Moncloa entre Zapatero y Rajoy se pactó no bloquear. En la próxima renovación saldrán del Constitucional la presidenta María Emilia Casas -recordamos que debería haber finalizado su mandato en junio de 2007, pero gracias a una enmienda introducida en la reforma de la Ley Orgánica del TC puede continuar hasta que el tribunal se renueve- y otros tres magistrados considerados del ala conservadora. A esas vacantes se une la del magistrado Roberto García-Calvo, fallecido en mayo, cuyo puesto saldrá de un candidato de consenso.

El Senado va a elegir a dos magistrados progresistas y a dos conservadores de las propuestas que reciba de los parlamentos autonómicos. El PSOE ha amenazado con vetar las propuestas de Francisco José Hernando y de Enrique López. Son los nombres que han llegado de las comunidades autónomas que gobierna el PP. Los populares les recuerdan que en julio Zapatero y Rajoy pactaron que no habría vetos a los nombres.

Si nos fijamos en la futura composición del TC, el equilibrio de poder favorecerá en cualquier caso al bloque progresista. Hasta ahora era de 6/6, siempre con el voto de calidad de la presidenta Casas, progresista. Una vez que se produzca la renovación, el equilibrio se romperá en contra del bloque conservador. Se entiende por ello que, aunque Hernando y López desagraden al PSOE, acepten pasar el trago. Y es que el TC ya renovado será quien se pronuncie finalmente sobre el Estatuto de Cataluña. La mayoría progresista tras la renovación augura un voto favorable. Zapatero habrá conseguido entonces salvar otro escollo, el más importante en su propuesta territorial desde que llegó al Gobierno.