El ajuste de Zapatero

El ajuste es duro, es verdad, sobre todo para los funcionarios y los pensionistas, pero es insuficiente. Para empezar no ha dicho nada de la imprescindible reforma laboral que necesita España y a la que ha vuelto a aludir una vez más el Gobernador del Banco de España en un discurso lleno de sensatez y, sobre todo, de verdad -la verdad que emerge del análisis desapasionado fruto de los estudios científicos-.

Y tampoco ha dicho nada de las demás reformas estructurales que cada día se muestran más urgentes: mercado energético y replanteamiento de la cuestión nuclear; educación -en la que ya ha fracasado-; mercado interior y armonización legislativa de las regulaciones autonómicas; pensiones; prestaciones sanitarias -porque no basta con retocar el gasto farmacéutico-; política industrial -a la que hay que liberar, suprimiéndola, de la enorme carga presupuestaria que supone la protección del carbón nacional-; justicia -cuyo servicio público hay que ampliar y agilizar-; y, por no añadir más temas, clarificación del marco competencial autonómico y municipal -para eliminar duplicidades e invasiones hacia el marco competitivo de las otras Administraciones y, así, reducir la carga financiera que suponen-.

Pero es que, además, ha presentado sus medidas como "imprescindibles", "eficientes" y "lo más equitativas" posibles. Tres falsedades o medias verdades.

No son imprescindibles ahora porque han cambiado las circunstancias. Son ineludibles porque los errores que ha cometido Zapatero con una disparatada expansión del gasto destinada a satisfacer las exigencias nacionalistas en la financiación autonómica, las de los sindicatos en la expansión del gasto de personal de las Administraciones Públicas y las de los alcaldes del PSOE -y, de paso, las de los del PP- a los que ha financiado unas obras innecesarias porque el año que viene se tienen que presentar a las elecciones, así como a comprar el voto de los españoles en las últimas elecciones (400 €, cheque bebé, supresión del impuesto sobre el patrimonio, renta juvenil de inserción, ampliación de prestaciones por desempleo, etcétera) a costa de abrir un agujero de más de 30.000 millones de euros en los Presupuestos del Estado.

No son eficientes porque su resultado va a ser un empeoramiento del rendimiento en los servicios públicos, por una parte, y una reducción de los efectos que la inversión en infraestructuras tiene sobre el aumento de la productividad del sector privado, sencillamente porque esa inversión se va a recortar tanto que casi va a desaparecer.

Y no son equitativas porque gran parte de su coste se va a cargar sobre personas de renta media -pues no son otra cosa los funcionarios- y baja -pues ahí están los pensionistas cuyas rentas congeladas perderán poder adquisitivo-.

¿Se debe prestar apoyo a este plan de ajuste? En mi opinión, no. Fundamentalmente porque se plantea como un nuevo engaño para no llegar demasiado lejos en la transformación estructural de la economía española; y porque no se reconoce que es la consecuencia de los errores cometidos por el Gobierno durante los tres últimos años y, al no reconocerse, se trata de evitar su ineludible coste político, un coste que debería conducir a Zapatero a dejar el Gobierno y convocar a los españoles a las urnas.