Distinguir para unir

En España entra en vigor la nueva “ley de memoria democrática”. En realidad ya el nombre de la norma es una contradicción. La memoria es el recuerdo y el valor actualizado que una persona o una comunidad le da a algo que sucedió en el pasado y que puede volver a suceder en el presente. La historia es una ciencia humanística que investiga lo sucedido en los años y siglos pretéritos. Ni la memoria ni la historia se pueden fijar por ley. No son los representantes de la soberanía popular los que determinan una y otra. Pero en España el actual gobierno quiere establecer una “versión oficial” no solo de la Guerra Civil (1936-1939), o de la dictadura de Franco (1939-1975), también de la Transición de la democracia.

Hagamos un ejercicio de “memoria social”. Maritain fue uno de los pensadores más influyentes en la Transición de la que ahora se quiere construir un relato obligatorio. El pensador francés, no solo leído por los católicos, era una ayuda para superar el régimen confesional de Franco con una clara distinción entre Iglesia y Estado. También servía a Maritain para alejarse de la utopía medieval católica y para librarse de la asociación entre cristianos y derecha. Pero los españoles leyeron Humanismo Integral con un esquema dualista que no estaba en la mente de su autor. El francés distinguía entre actuar “como cristiano” y el actuar “en cuanto cristiano”. Y se interpretó que el bautizado en el ámbito de la comunidad eclesial actuaba como cristiano, como creyente, y en el ámbito de la ciudadanía, en el ámbito civil, en cuanto cristiano, es decir como hombre, es decir siguiendo ciertos principios morales. El nexo entre la fe y el comportamiento social y político se reducía a ética.

Los españoles se perdieron con su interpretación lo mejor de Maritain. El francés afirmaba que el cristiano es la misma persona en todo lo que hace. Pero esta unidad no significa que no sea necesaria cierta distinción. De la fe no se deducen mecánicamente esquemas políticos. No es la comunidad cristiana la que se compromete en política sino cada uno de sus miembros con su propia responsabilidad.

La comunidad cristiana mantiene una distancia insuperable entre su vida y la de las diferentes opciones políticas de sus miembros. De otro modo la experiencia eclesial, al final, es  instrumentalizada y se utiliza como un trampolín para las opciones políticas de los políticos cristiano. Se supera así la relación problemática que la Iglesia en Europa ha tenido con la Democracia Cristiana o con partidos que apoyaban los “valores cristianos”. Esto último sí lo entendieron los españoles. Después de muchos siglos de alianza entre trono y altar, alianza que había pervertido la misión de la Iglesia, era necesario distinguir. Se comprendió que ser católico no suponía apoyar necesariamente un determinado partido. Durante mucho tiempo se había dado por supuesto que la unidad propia de la comunión eclesial tenía que traducirse automáticamente en una unidad de acción política. Durante demasiado tiempo la unidad política de los católicos en España se había impuesto desde arriba, sin respeto a la libertad. La unidad política era un “a priori” definido por los responsables eclesiales, no una unidad que hubiese surgido del trabajo de la base, una tensión. A los católicos españoles se les había dicho durante demasiado tiempo que si eran republicanos o liberales, si estaban fuera de esa unidad predefinida, no eran buenos católicos.

La distinción en España, afortunadamente,  estuvo clara. El problema vino después. Los responsables eclesiales no dijeron ni han dicho a qué partido votar, salvo algunas excepciones. Pero han elaborado durante décadas un catálogo de criterios éticos para “votar bien” (familia, vida, etc). Esta fórmula, absolutamente bien intencionada, ha favorecido que algunos perciban a la Iglesia como un “dique moral” y una fuerza de poder. Esa percepción como instrumento de contención se ha interiorizado a menudo por los propios católicos. Muchos de ellos perciben que el criterio político, el criterio de lo que se aporta a la vida social, se reduce a “defender los valores que ha traído Cristo” y no la vida que trae Cristo. La defensa de esos valores, de una antropología fundada en el cristianismo, puede conducir a extrañas alianzas que vuelven a condicionar la libertad de la Iglesia. Todo esto no está en la “ley de memoria democrática”. Afortunadamente.