Cuando la política antepone la doctrina a la realidad

La escuela concertada se está convirtiendo estas últimas semanas en uno de los temas centrales de la campaña electoral del 26-J. El hecho activador está en la Comunidad Valenciana, en la nueva política personificada por el consejero Marzá y en la importante reacción social que ha provocado en numerosos colectivos; principalmente entre las familias con hijos en edad escolar y los trabajadores del sector. Se reabre así un nuevo capítulo de la paleolítica guerra escolar que pone en el punto de mira a los conciertos educativos: su definición, su existencia, su papel y su financiación están otra vez en la bronca política. Los argumentos a favor y en contra, por muy elaborados y fundamentados que puedan estar, son secundarios. Lo principal es la doctrina que defiende la nueva izquierda, representada en este caso por Compromís, y los objetivos que se fijaron desde el principio. Lo demás es simplemente garabatear.

Mónica Oltra, hace más de un año, cuando no era todavía gobierno lo manifestaba sin ambigüedad alguna a los medios: “los conciertos seguirán existiendo, y en la medida en que haya infraestructuras públicas, se irán eliminando”. Es decir, conforme se construyan colegios públicos se destruirán conciertos.

El actual presidente, el socialista Ximo Puig, tampoco parecía tener muchas dudas entonces; no suprimiría la enseñanza concertada ya existente, aunque “lo que no vamos a hacer es concertar la enseñanza obligatoria cuando hay plazas libres ni regalar solares a empresas privadas”.

Por el camino, los apestados de la educación española serán las primeras víctimas sin ningún diálogo o negociación posible; los centros de educación diferenciada y la asignatura de religión en la escuela pública. Sólo les queda el parapeto de la LOMCE, mientras exista.

Esta es la doctrina política, reducir los conciertos educativos y trasvasar el alumnado a los centros públicos laicistas progresivamente. Como decía antes, luego se construyen los argumentos que hagan faltan, veraces o no. Los instrumentos del cambio se ponen en marcha con decisión política: incremento de plazas públicas, principalmente de 0 a 3 años (en las condiciones que sea), recurrir de nuevo a la zonificación para poner un corralito a la demanda de los padres, limitar en el futuro el concierto a la enseñanza obligatoria –supresión del bachillerato concertado–, utilizar los decretos de admisión de alumnos como arma, reducción del horario de la asignatura de religión y de sus contenidos al ridículo gnoseológico, etc.

Esta maniobra de asfixia a la concertada puede extenderse, como ya de hecho está empezando a ocurrir, a otras comunidades donde Podemos apoya gobiernos, como es el caso de Extremadura y otras.

El tema de la financiación siempre está presente, por acción o por omisión. O ambas a la vez, como suele ser endémico en la intransigente doctrina de la izquierda. Por un lado, se denuncia el cobro de cuotas voluntarias a las familias como una irregularidad a extirpar del sistema por razón de justicia social, por otro lado, se omite con toda desfachatez entrar en el debate del coste real del puesto escolar, porque pagar poco y exigir mucho es la triste realidad cotidiana que impone una financiación de los módulos de concierto intencionadamente deficitaria por parte de las Administraciones, de manera ya endémica. Pero, a la postre, esa es una de las razones prácticas por las que se perdona la vida todavía a la escuela concertada, porque sale más barata, sobre todo, y mucho, el salario de sus profesores.

Mientras tanto, las libertades individuales de los ciudadanos son pisoteadas en nombre del progresismo y de la democracia 2.0 versión Podemos y sus derivados. Su modelo de escuela única, pública y laicista seguirá adelante si los votos y el tiempo se lo permiten a los actuales gobernantes y a sus aspirantes a gobierno. Las familias tendrán que acabar pidiendo perdón por escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran a modo de exorcismo social y democrático, porque la realidad, que es plural y muy diversa, no importa (demanda social altísima y estable en las escuelas concertadas), lo único que importa es la doctrina, y ahora la doctrina es la ley.