Construir una nueva ley educativa sin repetir algunos fallos de la LOMCE

Todo apunta a que el Gobierno y el Partido Popular (PP) han iniciado la voladura controlada de la LOMCE, una ley que les ha reportado muchos dolores de cabeza, desavenencias con las administraciones autonómicas (incluso las afines), y un enfrentamiento con la comunidad educativa fomentado por el tándem Wert-Gomendio, que se permitió el lujo, en una cuestión como la que nos ocupa, de despreciar el diálogo, silenciar el debate y aparcar la participación. La consecuencia: se quedaron solos.

Ha tenido que haber un año de barbecho político y llegar un Ejecutivo en minoría para que entendieran la disyuntiva: cesión a las presiones o derogación de la ley impulsada por la oposición. Así, inteligentemente, han dado un paso al frente y se han adelantado ofertando que una de las medidas estrella de su reforma se quedara en nada, y es así como las tan controvertidas “reválidas”, o evaluaciones finales de Primaria, ESO y Bachillerato, solo conserven a día de hoy, de su concepto original, poco más que el nombre.

Ahora bien, si nos ceñimos al acuerdo alcanzado por PP, PSOE y Ciudadanos para elaborar una nueva ley que sustituya a la legislación vigente, lo que verdaderamente se va a sustituir es la LOE –no solo la LOMCE– e incluso podría ampliarse la revisión a otras leyes en vigor como puede ser la LODE. Por eso, es momento de ver con calma cuáles son los cambios a realizar, las cesiones que habrá que hacer, y cómo abordarlas.

Pero volviendo al asunto que nos atañe, y analizando algunos de los “porqués” que se esconden tras el fracaso de la LOMCE, no podemos quedarnos únicamente con la falta de diálogo o pericia técnica y política del ministerio de Wert y debemos ir más allá y detenernos en cuestiones de fondo.

Se introdujeron cambios en el sistema educativo que nunca debieron ser impuestos, sobre todo porque necesitaban de la colaboración de un profesorado con el que nunca se contó y al que se obligó a afrontar en un plazo de dos años las reformas aprobadas sin darle la preparación y formación necesarias. La etapa de Educación Infantil quedó completamente olvidada como si no formara parte del sistema. En Primaria se platearon cambios más cosméticos que efectivos, como volver a la división de cursos en lugar de ciclos o separar la asignatura de Conocimiento del Medio en Sociales y Naturales.

Pongamos las cosas en su sitio. Las etapas de Infantil y Primaria son fundamentales como cimientos sobre los que se sostiene nuestro sistema educativo, etapas en las que los alumnos construyen su base como personas y asimilan los valores y conocimientos que luego les permiten afrontar las posteriores como ESO, FP o Bachillerato. Es durante estos años en los que la prevención y la detección de problemas deberían trabajarse a fondo para reducir los índices de fracaso y abandono escolar, y sería interesante pensar en la incorporación o colaboración externa de profesionales de la pedagogía, la psicología e incluso de trabajadores sociales para que junto a los maestros y maestras se logre reducir la desigualdad y atajar de manera temprana problemas dentro de las aulas y otros que sobrepasan sus límites, pero que son igual de importantes, como los que se relacionan con las familias, las condiciones y el entorno socioeconómico en el que crecen los menores… Desde luego, craso error pasar de puntillas sobre todo esto.

¿Y qué me dicen de la nueva estructura de la ESO? Itinerarios que se dibujan tímidamente en 3º para que ya en 4º los chicos decidan si enfocan sus esfuerzos hacia Bachillerato o hacia la FP. ¿Pero alguien pensó que lo plasmado en un papel, por mucha ley que lo ampare, no podía hacerse realidad? La “optatividad” propuesta es irreal, inasumible económicamente, inviable desde el punto organizativo de centros y profesorado. Digamos que es discutible el planteamiento, pero sin un baño de realidad no es difícil pensar que esto estaba condenado al fracaso desde su nacimiento. ¿Por qué no se abordó ya la necesidad de extender la formación hasta los 18 años como viene recomendando Europa desde hace tiempo? Esperemos que se haga ahora para no perder un tren tan importante.

Si hablamos del currículo, su detalle y calendario de aplicación recogidos en la propia ley no permiten ninguna flexibilidad ni dejan espacio a la rectificación o modificación. Además, su extensión no se sabe si responde a lo que se entiende por “enseñanza básica y obligatoria” o se extralimita, por no decir que establece una división competencial que ha desencadenado una guerra entre Estado y Comunidades Autónomas en la que se han visto también envueltos los centros, arrastrados por la fantasmagórica aparición del concepto “autonomía de centros”, que no se sabe qué es o en qué se traduce. En resumen, blindar así la LOMCE para que “otros” no puedan proponer cambios o que la ley esté cuestionada de forma continua en los tribunales de justicia es otro error.

Por otro lado, y a propósito de las evaluaciones externas que arriba comentábamos, la LOMCE apostaba por que fueran “finalistas”, obligatorias para obtener el título, y sin retorno de más beneficio para el alumno. Sin duda, este tipo de evaluaciones obligan al profesorado a que su trabajo se dedique exclusivamente a preparar al alumnado para superar el trance y olvidarse de la esencia de su labor educadora. Si lo que importa es aprobar un examen, ¿qué valor se le da al trabajo del profesional que ha estado evaluando durante varios cursos seguidos a un alumno?, ¿para qué sirve su opinión? Y dando un paso más… si con estas pruebas se pretendía mejorar e incentivar el esfuerzo del alumno, ¿cómo es que se podía obtener el título de Secundaria con dos asignaturas suspensas?

Al hilo de esto, sin duda, los profesionales han sido uno de los pilares del sistema totalmente olvidados en esta ley. Los docentes, “todos”, con independencia del centro en el que trabajen, se han quedado en ese “limbo” que tanto miedo da. Se les ha exigido adaptarse en pocos meses a una nueva forma de ejercer, se les ha reclamado una experiencia en el manejo de las nuevas tecnologías y de una lengua extranjera y, además, no se les ha formado, pero sí se les ha exigido; no se les ha reconocido, pero sí se han mermado sus condiciones laborales, no se les ha incentivado, pero sí se les han recortado sus salarios… ¿Alguien da más? Para colmo no hay una carrera profesional docente, no se ha trabajado en la formación inicial de maestros y licenciados, no se promueve la investigación ni la innovación educativa, en definitiva, no se ha pensado en global, entendiendo que no puede haber una nueva ley educativa sin que, paralelamente, se aborde la función docente y su justo reconocimiento. No cometamos los mismos fallos.

Así que, si lo que se prepara es un verdadero cambio normativo, tengamos en cuenta todos los fallos cometidos, demos voz a todos los agentes de la comunidad educativa, escuchemos sus propuestas, sus preocupaciones, sus experiencias y sus aportaciones… y estemos preparados para ser generosos y pensar en que lo que hoy se decida marcará el futuro de todos los niños y jóvenes que mañana abanderarán nuestro país.