Cambio de presidencia

Zapatero se trajo el lunes a la Moncloa, en un solo fin de semana, el Gobierno de Andalucía en el bolsillo y una operación de reconquista del voto que le convierte en un Fernando III a la inversa. La remodelación del Ejecutivo andaluz tiene dos claves. Desaparece el equipo de Manuel Chaves al que Zapatero nunca controló. Y con Mar Moreno, ahora consejera de Presidencia, se garantiza una intervención directa. Si Griñán sigue cayendo en las encuestas, Moreno será la candidata de unas elecciones andaluzas que estarán más que nunca en función de una victoria del PSOE en las generales de 2012. La operación de reconquista está dirigida a explotar el sentimiento regionalista y a garantizar la fidelidad del voto rural.

La reivindicación de la deuda histórica es una vieja historia que ya se recogió en el primer Estatuto de Andalucía de 1981. Su Disposición Adicional Segunda aseguraba que en los Presupuestos del Estado debían contenerse partidas de financiación suplementarias para sufragar los servicios sociales, de educación y sanidad que habían sido transferidos a Andalucía, como a las Comunidades Autónomas históricas, sin la adecuada dotación. Mientras gobernó Felipe no se reclamó la deuda. Sólo cuando González abandonaba la Moncloa firmó una pago de 120.000 millones de euros que hico efectivo el Gobierno de Aznar. Entonces comenzó una intensa reivindicación de la Junta de Andalucía que acusaba al Ejecutivo del PP de no utilizar el censo de 1995 y de recurrir al de 1991 para ahogar la financiación autonómica de Andalucía. Se escribieron ríos de tinta y se repitió hasta la saciedad que los populares querían sofocar al Sur. En 2007 se pronunció el Tribunal Constitucional desestimando un recurso del Parlamento de Andalucía. El recurso reclamaba que se introdujese en los Presupuestos Generales del Estado la deuda histórica y que se utilizara el censo del 95. La sentencia vino a decir que lo que aseguraba el Estatuto no obligaba al Estado y que el uso del censo era una cuestión política, no jurídica. A pesar de todo, la reforma del Estatuto de Andalucía volvió a incluir la reclamación de la deuda histórica. Después de tanta reivindicación seudonacionalista, Zapatero se ha querido apuntar el tanto de haber zanjado la cuestión con una solución a la griega. Ya el año pasado se fijó el conjunto de la deuda en 1.204 millones, el máximo que reclamaba la Junta eran 1.750 millones. El pasado viernes, para cumplir los plazos del Estatuto, se descontaron los anticipos a cuenta, se entregaron dos millones de euros en metálico y el resto pendiente, 784 millones de euros, se liquidó con solares del Estado. La gran reivindicación política se ha resuelto con fincas.

La reconquista a base de subsidio agrario es, si cabe, más hiriente. Hay que dolerse de esas economías familiares de hombres al sol de las plazas o a la sombra de las tabernas de lunes a domingo, de mujeres en casa dando de comer y de vestir con dos perras, de un ocio cebado en los centros comerciales y de una subsistencia que parece la de hace siglos si no fuera por muchas horas de un Canal Sur que distrae las entendederas, hace olvidar la tradición, mata el sentido estético y seca cualquier ambición. Sólo así se entiende lo que ha hecho Zapatero.

El subsidio agrario establecido en el 83 requería hasta ahora tener firmadas 35 peonadas, bien en el campo o bien en las obras públicas del PER. Ya sólo hacen falta 20 para cobrarlo. El fraude no es extraño. Pero lo peor no es el fraude. El subsidio supone sólo un 80 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, pero sumando varios en una familia y si eres capaz de amoldarte a mucha escasez, acabas aceptando una cultura que mata la laboriosidad, las ganas de emprender y de luchar. Y se dan así situaciones tan paradójicas como las de Cádiz, la provincia española con más paro, en la que en octubre pasado sólo hubo 179 solicitudes para la ayuda a desempleados de larga duración. Nadie quería perder el subsidio. Zapatero ha rebajado los requisitos de ese veneno moral para condenar a los pueblos andaluces a la pasividad y a la pobreza. Dice el Gobierno que beneficia a 40.000 personas. La Federación Agroalimentaria de CCOO estima, sin embargo, que hay 222.000 trabajadores que se pueden acoger al sistema. Por 174 millones que se reparten entre Andalucía y Extremadura, el Gobierno saca de las listas del paro a 200.000 personas y mantiene la clientela política. El campo andaluz se convierte en el paradigma de la no humanidad. La dignidad del hombre no se hace histórica, es pura retórica de Educación para la Ciudadanía, cuando se expresa en un trabajo real que es construcción social, fatiga llena de un empeño que te hace descubrir que tras cada necesidad está la gran necesidad de Infinito, la posibilidad de hacer con otros.