20-D. Demasiadas incertidumbres

Las elecciones del 20-D se presentan como una experiencia novedosa en la vida política española, pues por primera vez el bipartidismo parece que va a dar paso a un nuevo escenario en el que las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, tienen importantes expectativas electorales, y la mayoría absoluta de un partido para formar gobierno en solitario parece lejana. Los acuerdos postelectorales serán necesarios, y ahí es donde se presentan más incógnitas y variables a la hora de predecir cuál será la política educativa de un futuro gobierno que podría estar conformado por dos o más siglas.

El punto de partida en el que se encuentra la sociedad y la comunidad educativa es muy diferente al de hace 4 años. Entonces, el Partido Popular llegó al Gobierno con un respaldo electoral importantísimo en todos los ámbitos de la Administración, también la autonómica y la local, y le precedía una cierta esperanza reformista, tan necesaria en un país que estaba completamente desnortado en la vida económica, y con una sociedad desorientada y abrumada por los efectos de una crisis que estaban castigando a nuestro país de manera muy severa.

La gestión del Ministerio de Educación, nefasta en muchas de sus principales actuaciones, condenó pronto esa expectativa reformista al fracaso y a la desilusión colectiva, arrastrando a la comunidad educativa hacia una etapa muy conflictiva, con una polarización mucho más marcada y, sobre todo, con mayor radicalidad en los planteamientos y posturas. La cara más visible de esa fuerte polarización están siendo las iniciativas, tan distantes entre si, para recuperar de nuevo el camino para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.

Recientemente se ha promovido un “Acuerdo social y político para una ley educativa que salvaguarde la educación pública” donde casi todas las organizaciones de la izquierda educativa, incluido el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, han declarado su interés por alcanzar sólo un “Pacto por la escuela pública”. Lejos quedan los días de la etapa Gabilondo con planteamientos más generalistas y conciliadores. Ahora, el llamamiento es a una reedición revanchista del vetusto y trasnochado eslogan de la escuela única, pública y laica. Tras el 24-M, ya se están produciendo duros enfrentamientos en algunas comunidades por el tratamiento discriminatorio que se le está dando a la escuela concertada y a la libertad de elección de centro por parte de las familias. A partir del 20-D, y según sea la composición del nuevo gobierno, estos enfrentamientos se pueden extender al conjunto del Estado, e incluso multiplicarse, mediante el desarrollo de otra anunciada Ley de Educación por estos partidos. Sí, otra más, y en la que las cuestiones más ideológicas (conciertos educativos, asignatura de religión, educación para la ciudadanía, escuela diferenciada, etc.) anuncian objetivos más ambiciosos y partidistas que los de la actual LOE.

Por otro lado, las organizaciones integradas en la plataforma “Concertados” y algunos sindicatos como USO, apuestan por la apertura de la negociación de un Pacto con intenciones más integradoras, y en el que la convivencia razonable de la red pública y la concertada se estabilice en un modelo sostenible a largo plazo con la intención de centrar y concentrar los debates educativos sobre las cuestiones que afectan verdaderamente al fracaso escolar y al abandono prematuro de la escuela española, que es lo que preocupa, y mucho, a las familias españolas. Fuerzas políticas como el Partido Popular y Ciudadanos están haciendo en sus programas planteamientos más moderados y prácticos en esta misma dirección, y al menos existe una coincidencia esencial, que consiste en defender la libertad de elección de centro por parte de las familias, y en un tratamiento de la financiación pública de las escuelas menos frentista y excluyente, aunque deberían desarrollar de una vez por todas el actual modelo previsto en la LOE de 2006 para resolver el déficit actual entre los módulos de conciertos y el coste del puesto escolar, y que permita también una homologación laboral de todo el profesorado que imparte docencia en centros sostenidos con fondos públicos.

Aunque sea brevemente, no puedo dejar de mencionar que desde siempre una cosa fue el predicar (los programas y promesas electorales), y otra bien diferente dar trigo (la práctica política). La reciente enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid aprobada por Ciudadanos, PSOE y Podemos hurtando a la escuela concertada 2,9 millones de euros de la famélica financiación con la que cuenta, ha hecho saltar todas las alarmas entre quienes confiábamos en tener más aliados políticos confiables en la defensa de la complementariedad de las redes educativas. No hay que olvidar que, al valorar el fenómeno de los nuevos partidos emergentes, hablamos de proyectos inmaduros todavía, en fase beta, cuya precipitada puesta en escena, junto a la importante responsabilidad política que pueden adquirir en muy poco tiempo será una fuente de innumerables sorpresas, incluso para ellos mismos. Es lo que tiene cocinar de manera exprés, que pueden servirse los platos crudos y desaboridos.

Otra línea de propuestas que ocupan primeras portadas se refieren a un rediseño de la función docente en profundidad, atendiendo a mejorar su formación inicial, su acceso a los centros mediante un MIR educativo y por último introduciendo procedimientos de evaluación que podrán concluir en diferentes incentivos salariales para los mejores profesores. El conocido Libro Blanco de la Función Docente que el Ministerio de Educación encargó a José Antonio Marina tiene esa orientación, pero en mi opinión llega tarde, y en un momento cuando menos extraño, en el que pueden quedarse en tierra de nadie sus mejores valoraciones y propuestas en medio de las turbulencias de las futuras negociaciones entre los partidos para formar gobierno. Lástima de cuatro años perdidos con una mayoría absoluta tan abrumadora. Si se hubiera empezado por donde se ha terminado la legislatura, estoy seguro de que otro gallo cantaría, pero así es la política y así son los políticos que nos hemos dado.

Con estos análisis, no queda más remedio que esperar el resultado de las urnas y ver cómo se conforma el nuevo parlamento. Nadie duda de que la cuestión educativa será una pieza esencial en las futuras negociaciones entre los partidos mayoritarios, pero como en toda negociación, habrá un intercambio de propuestas y el resultado final es hoy incierto e impredecible. Lo que sí es seguro es que el desacuerdo de fondo entre los dos bandos ideológicos que siguen conformando el mapa educativo en España sigue plenamente vigente con todas sus desastrosas consecuencias, sobre todo porque está alimentado por intereses corporativos muy fuertes que nada tienen que ver con los problemas que hay en las escuelas, a las que zarandean continuamente en forma de mareas y de leyes educativas. Pero hasta a eso, lamentablemente, hemos empezado a acostumbrarnos estoicamente también. ¿Introducirá el 20-D alguna novedad, un cambio, un impulso reformista que desbloquee este indeseable atasco en el que se encuentra atrapada la educación española desde el 78?